RECORTES
SANITARIOS: LA LUCHA POR LO COMÚN
La
Sanidad de Mas llega a los tribunales
- Denuncia penal contra la plana mayor sanitaria de la Generalitat Una plataforma contra los recortes considera que cuatro altos cargos de Salud del Govern de CiU legislan contra el acceso universal a la salud.
- Sospechas
sobre las listas de espera y los conciertos La denuncia señala que
la mayor demora de las intervenciones y la reestructuración del
sistema catalán de salud benefician a la privada.
PABLO
ELORDUY Y DIEGO SANZ PARATCHA (REDACCIÓN)
LUNES
16 DE ABRIL DE 2012. NÚMERO 172
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SILBATOS
CONTRA MAS. Las
protestas
contra los recortes han
juntado
a profesionales y
usuarios
/ Foto: Albert Garcia.
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En
abril de 2011, el president de la Generalitat catalana, Artur Mas,
anunciaba un
recorte del gasto sanitario de mil millones de euros.
El objetivo de este plan de choque era “que Catalunya no termine
como Grecia” y el encargado de llevar a cabo el tajo era Boi Ruiz,
consejero del Departamento de Salud de la Generalitat. Un año
después, al plan de Mas le ha salido una denuncia.
El
21 de marzo, la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios
(PARS) presentaba ante la Fiscalía Superior de Catalunya,
un
escrito conforme al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal
(PDF)
en el que se relatan hechos que la PARS considera infracciones del
artículo 542 del Código Penal. Este artículo tipifica el delito en
el que incurre aquella persona que, en el ejercicio de la función
pública, impida
conscientemente “el ejercicio de derechos cívicos” a
una persona. Las personas que firman la denuncia entienden que dentro
de esos “derechos cívicos” se encuentran los “principios
rectores de la política social y económica” que salvaguarda la
Constitución española.
Según
este escrito, “los responsables de Salud del actual Gobierno de
Catalunya, pese a que las leyes les obligaban a tutelar un derecho
fundamental, han emprendido un decisivo desmantelamiento de la
sanidad pública, primando los intereses sanitarios privados sobre la
asistencia pública”.
Siempre
según los denunciantes, el consejero de Salud, Boi Ruiz, Roser
Fernández Alegre, secretaria general de Salud, Josep María Padrosa,
director del Servei Català de la Salut (CatSalut), y Manel Prat,
presidente del Consejo de Administración del Institut Català de la
Salut –ICS, el organismo con mayores competencias asistenciales de
Catalunya–, han limitado el acceso efectivo a la asistencia
sanitaria universal y de calidad a la ciudadanía, con la pretensión
de favorecer a grupos sanitarios privados.
Ya se
conocen los primeros efectos de los recortes promovidos por la
Consejería de Ruiz.Más de 3.700 empleados del sector se han visto
afectados por Expedientes de Regulación deEmpleo, se han cerradomás
demil camas (plazas hospitalarias) de las aproximadamente 4.000 que
hay en toda Catalunya y las listas de espera crecieron casi un 25% en
los dos primeros trimestres de 2011.
También
se conocen las respuestas a esta situación: los cortes de tráfico,
las manifestaciones, los encierros y ocupaciones de Centros de
Atención Primaria (CAP) han goteado en toda la Comunidad. Con estas
protestas, protagonizadas por sindicatos sanitarios pero también por
usuarios contra los recortes, se ha conseguido la reapertura de tres
plantas cerradas en el Hospital de Bellvitge. También mediante la
movilización ciudadana se pretende conseguir la reapertura del CAP
de La Rambla de laMarina. Cristina, de la Comisión de Salud del 15M
Barcelona y trabajadora del sector público sanitario, explica a este
periódico que a finales de enero más de 150 personas procedentes de
los colectivos de defensa de la salud de Catalunya se reunieron en lo
que se llamó la Trobada de Sanitat para poner en común las
experiencias de casi un año de luchas en contra de la gestión
liberal de este servicio público.
Pese
a la respuesta ciudadana, la receta expedida por el tándem Mas- Ruiz
sigue prescribiendo un progresivo deterioro de la Sanidad. El 1 de
junio entrará en vigor el llamado copago, por el que aquellas
personas que no cobren la renta mínima de inserción ni una pensión
no contributiva deberán pagar un euro por cada receta médica si el
medicamento cuesta más de 1,67 euros. A tenor del recorte en Sanidad
y Educación anunciado el 9 de abril por el Gobierno de Rajoy, esta
medida podría extenderse al resto del Estado español, en opinión
de Ramón Serna, de la Candidatura Autònoma de Treballadores i
Treballadors de l’Administració de Catalunya. A juicio de este
sindicalista, en los tres próximosmeses “se va a modificar un
sistema implantado desde hace más de 30 años”.
Conciertos
a la privada
Pero
el copago no es la única experiencia que ha introducido la
Generalitat. Elmodelo concertado, una fórmula que se aplicó a
mediados de los ‘80 y que dio entrada en 1995 al ánimo de lucro de
las empresas públicas por medio de la Ley de Ordenación Sanitaria
de Cataluña, refrendado posteriormente por la Ley estatal 15/97, ha
generado un negocio de provisión de servicios en que el control
político brilla por su ausencia. Ya en 1998, el diputado del
Parlament Joan Ridao alertaba de que “la creaciónde empresas
públicas y entes instrumentales escapa del necesario control
político y democrático.
Aunque
se nutren en buena parte de los recursos públicos y no están
sujetas al control y la fiscalización democrática de este
Parlamento”. La crisis económica ha acelerado esta tendencia, que
va en paralelo al fomento de la sanidad privada por parte de los
poderes públicos. Catalunya es, junto a Madrid y Baleares, la
autonomía que cuenta con un menor presupuesto sanitario público y,
en paralelo, la que mayor número de seguros privados tiene.
No
obstante, el traspaso nunca se produce completamente, en primer lugar
porque hay pacientes demasiado “caros” para el sector privado,
que, aunque ofrece ventajas en cuanto a confort y tiempo de espera a
sus usuarios, no puede competir en cuanto a cualificación del
personal con los grandes hospitales públicos.
En
segundo lugar, el sector privado tiene en el modelo de consorcios un
filón que pretende seguir explotando: por este motivo, en diciembre
de 2011, el ICS modificó la ley 8/2007 para, entres otras cosas,
permitir que este organismo sea “troceado” en empresas, que
podrán funcionar con capital privado.
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