El
PSOE propone derogar la Ley 15/97: ¡A buenas horas mangas verdes!
2012-12-13
El
pleno del Congreso de los Diputados debatió el pasado 11 de
diciembre una Moción del PSOE en la que se proponía derogar la Ley
15/97, de Nuevas Formas de Gestión. La Moción, obviamente, fue
derrotada por la mayoría absoluta del PP.
El
PSOE, ahora en la oposición y en medio de una situación explosiva
en la sanidad madrileña, cambia radicalmente el apoyo a la Ley,
mantenido hasta ahora y desde que en 1997 la votara afirmativamente
junto al PP, PNV, CiU y CC. Entonces acababa de perder las elecciones
generales y con su voto – indispensable para un PP que gobernaba en
minoría – dio vía libre a la entrada masiva de la empresa privada
en la gestión de la sanidad pública.
Desde
fuera del Parlamento, pero con semejante trascendencia, la Federación
de Sanidad de CC.OO., a través de un Comunicado de prensa de su
Secretaria General emitido al día siguiente de la votación
parlamentaria1,
“valora positivamente el consenso alcanzado en el Parlamento sobre
las Nuevas formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud”.
En
el debate parlamentario de la Ley 15/972
en
el que participé representando a IU – que votó en contra, junto
al BNG – la ex ministra y portavoz del PSOE, Ángeles Amador
justificaba su apoyo calificando a la nueva norma de garantía de la
sanidad pública y baluarte contra la privatización.
Una
lucha dura
No
ha sido fácil mantener la lucha desde aquella época explicando que
la Ley aprobada era la clave de bóveda para el proceso de
privatización que ya entonces se había iniciado. Poca gente creía
que fuese a pasar lo que ahora tenemos ante nosotros. La
privatización ofrece el negocio soñado a bancos, inmobiliarias y
aseguradoras privadas: financiación y clientela pública
garantizada, y gestión y beneficios privados.
Sin
embargo los hechos fueron confirmando que esa Ley constituía el
pilar del aparato jurídico que amparaba la privatización.
Así
sucedió cuando CC.OO. del País Valenciano, creyendo los argumentos
del PSOE y de su Federación de Sanidad, denunció la ilegalidad del
Hospital de Alzira gestionado por la UTE Ribera Salud (Adeslas,
Bancaja, CAM, ACS-Dragados y Lubasa)
y
puesto en marcha por Antonio Bargueño, entonces Director Asistencial
de Adeslas y hoy Director General de Hospitales de la Comunidad de
Madrid. La sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de esa
Comunidad no dejaba lugar a dudas: “el soporte legal a la concesión
administrativa vendría dada por el Real Decreto Ley 10/1996 y Ley
15/1997” […]
no
cabe duda de que el enfoque legislativo es abrir las formas de
gestión tanto a entidades y personas, públicas como privadas, y
formas de gestión directa o indirecta.”
Todas
y cada una de las licitaciones y concesiones administrativas para
poner en marcha los nuevos hospitales de gestión privada en Madrid,
País Valenciano, por gobiernos del PP, y en Baleares y Cataluña,
por gobiernos del PSOE e IU con otras fuerzas políticas se han hecho
bajo la cobertura jurídica de la Ley 15/97
El
combate de CASMADRID y MATUSALEN desde 2004, y ahora de la Red
Autogestionada Anti privatización de la Sanidad (RAAS) frente a
estas dos poderosas organizaciones, con una amplia constelación de
satélites integrantes de la “Cumbre Social” y con una influencia
determinante en los grandes medios de comunicación, ha sido duro.
Ser
las únicas voces que se alzaban mientras se ponían en marcha los 7
hospitales de gestión privada de Madrid, mientras alcaldes de
partidos políticos de todos los colores cedían suelo y se hacían,
felices, la foto frente al nuevo hospital de su ciudad y mientras
todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad pactaban decenas
de acuerdos con el PP mientras callaban durante el largo proceso de
construcción y puesta en marcha de “la sanidad del futuro” del
PP, planteaba un combate enormemente desigual.
Con
el PSOE en la oposición en Madrid, y luego en el Estado, se iba
configurando un “frente común” integrado por PSOE, IU, CC.OO y
UGT (IU ha venido priorizando su papel subordinado al PSOE sobre la
defensa de su votación contra la Ley, al que se añadía como
“representante técnico” del sector sanitario a la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública-FADSP-). Su eje
central era conseguir réditos electorales en la lucha contra el PP,
y hablar de la Ley 15/97 era poner en evidencia la corresponsabilidad
en la misma del PSOE, con el apoyo de CC.OO.
El
bloque era hermético y cualquier organización – vecinal, asamblea
popular,.. etc, que planteara la exigencia de derogar la 15/97, o
bien era sometida a una cascada de “explicaciones” de técnica
jurídica acerca de la intrascendencia de la Ley para la
privatización, y/o de descalificaciones hacia las personas que
sustentamos estas posiciones bajo la acusación de sectarismo.
Pero
la lucha realizada con modestísimos recursos pero con un gran
convencimiento y compromiso de muchas personas iba calando. La
realidad se puede ocultar un poco de tiempo, pero al final aparece y
se derrumban los engendros erigidos para ocultarla.
En
2009, tras manifestaciones de varias decenas de miles de personas en
Madrid y un trabajo paciente de recogida de firmas llevado a cabo en
centros sanitarios, barrios y pueblos de todo el Estado, se
presentaron en el Congreso más de 400.000 solicitando la derogación
de la Ley 15/97. Para ilustrar el ninguneo de los medios de
comunicación valga el siguiente hecho que es comprobable en las
hemerotecas: pese a la abundancia de periodistas que cubrieron la
presentación de las firmas, ningún medio lo recogió al día
siguiente. Sí pudo verse, como noticia destacada, a la FADSP que
entregaba 30.000 firmas contra el Área Única a la entonces ministra
Trinidad Jiménez que no se dignó siquiera a contestar a solicitudes
de entrevista que desde CASMADRID y Matusalén le fueron formuladas.
La
“toma en consideración” de la posibilidad de modificar la 15/97
El
24 de noviembre de 2009 el Congreso de los Diputados
aprobó la toma en consideración de una Proposición, presentada por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e
Iniciativa- Verds, que pretendía la modificación de la Ley 15/97 de
Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud. Esta
propuesta presentada por iniciativa de IU, el mismo grupo
parlamentario que en 1997 votó en contra de esa Ley, sólo pretendía
ahora reducir su alcance para conseguir el apoyo del PSOE en el
Gobierno, tras consensuarla con él.
La
iniciativa pretendía limitar la posibilidad de convenios, conciertos
o acuerdos para la gestión y prestación de servicios sanitarios a
“entidades públicas”, desconociendo que la figura jurídica
’empresa pública’ ha sido el paso previo a la privatización de
todo tipo de servicio público, en la medida que introduce la gestión
mercantil y los objetivos de ahorro por encima de criterios de
calidad o rentabilidad social. Además la ’empresa pública’,
como la Fundación de Alcorcón o el Anillo Radiológico en Madrid, y
muchos casos más en Comunidades Autónomas (CCAA) gobernadas por el
PSOE, están concebidas para, bajo su inocente nombre, subcontratar
con empresas privadas todo tipo de servicios y poder emplear al
personal mediante la extensa gama de contratos precarios existentes.
La
buena noticia fue un brindis al sol. Tras la aprobación en el Pleno
del Congreso y la remisión a la Comisión de Sanidad para la
aprobación de las enmiendas, semana tras semana durante casi dos
años, el Grupo Parlamentario del PSOE presentaba una solicitud de
ampliación del plazo. El parto de los montes concluyó sin siquiera
dar a luz a un ratón. El 26 de septiembre de 2011 fueron disueltas
las cámaras por la convocatoria de elecciones generales sin que el
debate se hubiera iniciado.
El
cambio de chaqueta en la oposición
La
Moción para la derogación de la Ley por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tenía
en su punto 4 la siguiente redacción: Instar al Gobierno
a..“Presentar,
en el plazo de un mes, un proyecto de ley que garantice la naturaleza
pública de la financiación, la provisión y la gestión de los
servicios de salud e impida que en la prestación de servicios
sanitarios no se dé la calidad asistencial necesaria y no se
respeten los derechos de los usuarios, derogando la Ley 15/1997, de
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud”.
El
inequívoco texto deja en evidencia y con las vergüenzas al aire a
todo el coro de organizaciones satélites y “expertos” que
machaconamente han venido repitiendo la voz de su amo, insistiendo en
que las privatizaciones del PP – de las otras no hablaban – no
tenían nada que ver con esta Ley.
En
un reciente debate televisivo en el programa La Tuerca3
en
el que participé y en el que fue entrevistado por teléfono José
Manuel Freire, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, negó
enfáticamente – como puede verse en el enlace al programa – que
la Ley 15/97 fuera la cobertura legal de la privatización,
calificándola de “arqueología”.
El
mismo día de la votación de la Moción en el Congreso, en un debate
celebrado en la Escuela de Relaciones Laborales de Madrid en el que
participaba José Ramón Repullo, médico de la órbita del PSOE,
junto a Antonio Gómez Liébana, de CASMADRID, el primero insistió
en el carácter obsoleto de la Ley y su denuncia como un “mantra”
vació de contenido.
La
presentación de la Moción por el mismo PSOE que la apoyó, la
aplicó en comunidades autónomas en las que gobernaba e impidió su
“modificación” cuando podía ser aprobada es la enésima
maniobra política de un partido que se hunde porque movilización
social le está inhabilitando como representante de unas mínimas
posiciones de izquierda.
La
percepción de la realidad se abre paso, sobre todo cuando la lucha
acrecienta la conciencia y la difusión de la información. El
PSOE ha sido y es, desde la Transición, un representante
privilegiado de los intereses del capital, con palabrería de
izquierdas cuando así convenía a sus intereses. Solamente en la
sanidad y en lo que se refiere a sus ex ministros y ex ministras, es
amplia la lista de su vinculación como Consejeros de la empresa
privada, que no cabe reseñar aquí. Es difícil valorar si es mayor
o menor que la de los correspondientes del PP.
Lo
que es seguro es que sus intereses están alineados con los de los
grandes banqueros y empresarios que nos están saqueando. Y lo que es
imprescindible es que demos los pasos necesarios para que la clase
obrera y los pueblos no permitamos que nos vuelvan a engañar las
mismas organizaciones que montaron la gran estafa de la Transición.
El camino para la construcción del referente político unitario en
el que la independencia de clase esté garantizada es largo y difícil
pero ya nos está apremiando.
Ángeles
Maestro
13
de diciembre de 2012
