Una
comunidad indígena de Brasil decidió hacer cumplir la ley por su
propia mano al enfrentar a taladores ilegales que penetran en sus
tierras en busca de valiosas maderas.
06.03.2013
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IPS
·
Fabíola Ortíz (Río de Janeiro)
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Integrantes
del pueblo pukobjê-gavião en su tierra indígena Governador.
(Gilderlan Rodrigues/CIMI) |
El
choque entre taladores y los indígenas amazónicos que capturaron un
cargamento de madera ilegal puede escalar. Los nativos aseguran que
ya tiene precio la cabeza de uno de sus líderes.
Una
nueva modalidad de tala se concentra en tierras indígenas, ricas en
especies madereras y cuya población se vuelve blanco de madereros
ilegales que apelan tanto al soborno como a la amenaza.
El
episodio más reciente se registró a fines de enero en la tierra
indígena Governador, en el sudoeste del estado de Maranhão, cerca
de la ciudad de Amarante y a 900 kilómetros de la capital estadual,
São Luís.
En
ese rincón que marca el límite de la Amazonia oriental, nativos del
pueblo pukobjê-gavião confiscaron cuatro camiones y un tractor con
casi 20 metros cúbicos de troncos de ipê (Tabebuia chrysotricha),
una especie de lapacho de madera excepcional, y sapucaia (árbol del
género Lecythis).
“Nos
cansamos de denunciar y entonces resolvimos tomar nuestras
providencias. Veíamos los camiones dentro de la reserva. ¿Qué iba
a pasar si no hacíamos nada?”, explicó el cacique Evandro Gavião,
de la aldea Governador, una de las seis tribus pukobjê-gavião de
esa tierra indígena.
El
joven líder de 24 años dialogó por teléfono con Tierramérica
mientras se encontraba reunido con jefes de otras aldeas para
discutir un plan de monitoreo y protección de la reserva.
Según
Gavião, la comunidad había denunciado en 2009 la tala en sus
tierras, que abarcan un área de transición entre la Amazonia y el
bioma Cerrado (sabana) y, por eso, son ricas en especies como el ipê
y la sapucaia, la aroeira (Schinus terebinthifolius), la copaíba
(Copaifera sp.), y la cerejeira (género Amburana).
“Pero
los árboles se están acabando”, se lamentó Gavião.
Según
el capítulo
brasileño del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
la extracción ilegal de madera está íntimamente ligada a la
construcción de carreteras y a los movimientos migratorios. El
acceso vial facilita el ingreso al bosque.
Entre
septiembre y noviembre de 2012, Interpol arrestó a 200 personas en
12 países de América Latina, en la primera operación internacional
contra la tala y el comercio ilegal de madera. El operativo tuvo
lugar en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y
Venezuela, y se confiscaron 50.000 metros cúbicos de madera por
valor de ocho millones de dólares.
En
la tierra indígena de Governador, sus habitantes reclaman la
presencia de la
Fundación
Nacional del Indio,
del Instituto
Brasileño del Medio Ambiente
y de la Policía
Federal
para
garantizar la seguridad de unas 1.000 personas distribuidas en las
seis aldeas.
“Lo
que hicimos fue peligroso, pero fue la única forma de llamar la
atención de los órganos responsables”, dijo Gavião.
Desde
la confiscación de los camiones, el retiro ilegal de madera no cesó,
sino que cambió de ruta.
“La
sensación es que puede empeorar y que las amenazas que sufrimos
continuarán… Sabemos que ya están negociando la cabeza del
cacique de la aldea Nova en 30.000 reales (más de 15.000 dólares)
para matarlo. Pero el pueblo gavião no va a parar”, advirtió el
cacique.
Los
indígenas atribuyen el aumento de amenazas y presiones a la
redefinición de los límites de la reserva. La tierra indígena
Governador está en proceso de una nueva demarcación desde 1999,
tras ser homologada en 1980.
Los
límites de usufructo tradicional de los indígenas no se respetaron,
y estos necesitaban salir de su territorio para acceder a recursos
naturales para alimentarse y cumplir con sus rituales, explicó a
Tierramérica Rosimeire Diniz, del católico
Consejo
Indigenista Misionero (CIMI)
de
Maranhão.
Partes
del territorio antes utilizado por los pukobjê-gavião quedaron
fuera de la demarcación y fueron ocupadas por hacendados. Durante
años, los indígenas tuvieron “una relación más o menos
amistosa” con esos ganaderos, pero cuando pidieron una revisión de
los límites, los conflictos y la violencia se exacerbaron, describió
Diniz.
La
tierra indígena Governador tiene 42.000 hectáreas y la nueva
demarcación podría ampliarla hasta 80.000. Según Evandro Gavião,
el área actual no es “suficiente” pues la determinó el régimen
militar de la época “a las apuradas”.
“Los
lugares donde nuestros antepasados pescaban y cazaban están fuera de
la tierra indígena. No consultaron a los indígenas para saber dónde
pescaban, dónde cazaban, dónde cosechaban. Por eso pedimos la
revisión. Estamos al tanto de que puede llevar mucho tiempo, pero
tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo. Por eso estamos
luchando”, explicó.
Al
menos desde la década de 1980 se desarrolla la tala ilegal en
tierras originarias, pero antes se daba sin conocimiento de sus
habitantes.
“Ahora
es mucho más visible. A través del soborno, los madereros
transfieren la autoría del delito ambiental a los indígenas. La
situación era insostenible, los nativos resolvieron llevar a cabo
una acción para protegerse. La tala era tan visible que los camiones
pasaban por dentro de las aldeas”, señaló Diniz.
Fábio
Teixeira, delegado de la Policía Federal de la ciudad de Imperatriz,
la segunda más grande de Maranhão y a unos 100 kilómetros de
Governador, dijo a Tierramérica que, a lo largo de los años, los
taladores migraron hacia esa parte de la reserva y actualmente
existen allí al menos siete grandes aserraderos.
“Deforestación
hubo siempre, pero era puntual. Después de una gran operación de
combate en otras localidades, muchos madereros se mudaron hacia
Governador”, señaló.
Teixeira
también admitió que la situación es “muy conflictiva” entre
los indígenas y los hacendados y madereros que se están uniendo
contra ellos.
Teixeira
relató que en el incidente de los camiones, la propia población del
pequeño municipio de Amarante, situado apenas a 20 minutos de
automóvil de Governador, hizo una barricada con fuego y piedras en
la carretera para bloquear el acceso de los indígenas a la ciudad, y
la seguridad se reforzó con 20 agentes federales y 30 policías
militares.
“No
sabía que la ciudad estaba tan comprometida con la explotación
ilegal”, reconoció el policía. “Su economía se sustenta en la
madera y la actividad pecuaria. El propio poder municipal está
implicado. No puedo dar detalles sobre nuestras operaciones, pero se
intensificará la fiscalización”, aseguró.
Para
Teixeira, la acción de los indígenas fue “un acto de
desesperación” que pudo terminar en “un baño de sangre”. A
partir de entonces, “los orientamos para que registren con fotos lo
que vean como acciones ilegales dentro de la reserva, pues servirán
como material de investigación”, aseguró.
