martes, 30 de abril de 2013

El herbicida RoundUp vinculado con cáncer, Párkinson, autismo y infertilidad, según MIT

Se encuentran en los principales elementos de
la dieta como azúcar, maíz, soja y trigo, y el
impacto negativo en el cuerpo es insidioso,
generando cáncer, diabetes y autismo.  
Redacción - Un nuevo estudio presentado por investigadores de la universidad estadounidense, MIT relaciona el uso de RoundUp con graves problemas de salud como cáncer, enfermedad de Párkinson, infertilidad, y austimo. El estudio demuestra evidencias de que el glifosato, componente químico de este herbicida, se ha encontrado en los alimentos. RoundUp es fabricado por la empresa multinacional, Monsanto.

Científicos sostienen que las declaraciones oficiales de la firma Monsanto, que afirman que los productos herbicidas Roundup no son tóxicas para los humanos no corresponden a la realidad de los estudios. Pero el estudio de MIT (Massachusetts Institute of Technology) - reconocido como uno de los mejores universidades en los Estados Unidos, sino el mundo - dice exactamente lo contrario.

“El glifosato, es el ingrediente activo de Roundup, el herbicida más popular que se usa en todo el mundo. La industria afirma que es mínimamente tóxico para los humanos, pero aquí (el estudio) nos sostiene lo contrario”, destaca la investigación realizada por Anthony Samsel, científico consultor independiente, y Stephanie Seneff del Laboratorio de Inteligencia y Ciencias de la Computación de MIT, publicada el 18 de abril. (Descargar estudio)

Según el informe, el glifosato inhibe las enzimas citocromo P450 (CYP), las cuales “juegan un papel crucial en la biología, al desintoxicar xenobióticos”. De esta manera, se transforma en un componente altamente tóxico para los mamíferos.

Los residuos tóxicos del Glifosato del Roundup se encuentran en los principales alimentos de la dieta occidental, compuesta principalmente de azúcar, maíz, soja y trigo.

Al bloquear las enzimas, “el glifosato aumenta los efectos dañinos de los alimentos transmitidos por otros residuos químicos y toxinas ambientales”.

“El impacto negativo en el cuerpo es insidioso y se manifiesta poco a poco en el tiempo, con la inflamación que va dañando los sistemas celulares de todo el cuerpo”.

En el estudio se detalla cómo hace interferencia con las enzimas CYP y actúa sinérgicamente con la interrupción de la biosíntesis de aminoácidos aromáticos por las bacterias del intestino, así como el deterioro en el transporte de sulfato de suero.

“Las consecuencias son la mayoría de las enfermedades y condiciones asociadas con una dieta occidental, que incluyen trastornos gastrointestinales, obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, la depresión, el autismo, la infertilidad, el cáncer y la enfermedad de Alzheimer”.

La capacidad que tiene este producto a nivel de residuos en los alimentos, para inducir la enfermedad, “nos muestra que el glifosato es un 'ejemplo de libro' sobre la entropía semiótica exógena: la perturbación de la homeostasis por las toxinas ambientales", destacan los investigadores.

Otro estudio publicado recientemente, que se desarrolló junto con observar los efectos de los transgénicos, también producidos por Monsanto, demostró que los herbicidas por si solos, a largo plazo en roedores, mostraron disfunción hepática y renal y un riesgo mucho mayor de cáncer, con esperanza de vida más corta.

Monsanto es un promotor de los alimentos transgénicos, que son alimentos modificados al nivel genético, en la mayoria de los casos por empresas con fines de lucro. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recién cambió su posición sobre los alimentos transgénicos a una en favor de su legalización en el país, que es actualmente prohibido por la misma constitución que él promovió en 2008.

domingo, 28 de abril de 2013

"Nos están atacando, nos están ganando": El vídeo sobre la crisis que triunfa en Internet (VÍDEO)

EL HUFFINGTON POST | Publicado: 28/04/2013 19:12 

Un vídeo que resume la situación y los problemas de España se está extendiendo con fuerza en las redes sociales. En él, la voz del rapero El Chojin con una música de fondo repasa la actualidad del país: desahucios, subida de los precios, desencanto con la política..

En el vídeo, del Frente Cívico Madrid Somos Mayoría, se dice que los políticos "se atreven a decir que vienen a solucionar nuestros problemas" y luego enumera algunas acciones del Gobierno que "no solucionan los problemas".

"Que estudiar en la universidad sea cada vez más caro no soluciona mis problemas. Que el transporte sea más caro, que despidan profesores, que en los hospitales haya menos camas, si me suben el IBI y el IVA y la luz y la gasolina y el pan, si me bajan el sueldo, me quitan pagas y recortan las becas... por favor, que no tengan la poca vergüenza de decir que están resolviendo mis problemas", dice la voz.

El vídeo señala que aún hay "quienes defienden a los partidos políticos como si los partidos políticos les defendiesen a ellos sin entender que todos, todos sin excepción, somos el pueblo".

El vídeo termina señalando: "No sé si los enemigos son los políticos, o el banquero, o el euro, o la prima de riesgo, solo sé que cuando ellos hacen mal su trabajo somos nosotros los que perdemos el empleo".

Este tema de El Chojin no está registrado en ningún disco: "Son sólo las cosas que pienso y que quiero compartir. Indignación".

El Corte Inglés, Mango, Benetton o Primark, responsables de la tragedia de Bangladesh

Domingo, abril 28, 2013,

Grandes compañías textiles occidentales eran las destinatarias de algunos de los talleres del edificio bangladeshí incendiado y que ya se ha cobrado casi 300 vidas hasta el momento.


El trágico incendio que se desató el miércoles en un edificio comercial de ocho plantas en Bangladesh, en el que trabajaban más de 3.000 personas en el momento del origen del fuego, se ha cobrado casi 300 muertes y un millar de heridos.

El Rana Plaza, situado en el distrito de Savar, a las afueras de Dacca, albergaba un centro comercial y varios talleres textiles. Según publica la página web de la organización en defensa de los derechos de los consumidores, FACUA, dos de las fábricas que ardieron en el incendio fabricaban para marcas de moda como la española ‘Mango’.

En concreto, los talleres New Wave Style y New Wave Bottom, producían producto textil para ‘Mango’ y la italiana ‘Benetton’, ha afirmado la organización ‘Bangladesh Center for Workers Solidarity’. La primera también fabricaría para marcas muy conocidas en Reino Unido como ‘Primark’ y ‘Bonmarche’. El Corte Inglés también confirmó que tiene relación comercial con empresas locales implicadas en el siniestro.

Las víctimas: principalmente trabajadoras textiles

Un funcionario de la industria ha dicho que 3.122 personas, principalmente mujeres que fabricaban prendas de vestir, estaban en el interior del edificio a pesar de las advertencias de que era estructuralmente inseguro. Estos fallos en la estructura han sido los responsables del derrumbe del edificio al producirse el fuego.

Equipos de rescate del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Bangladesh, así como los servicios de policía y bomberos, siguen removiendo escombros y metales retorcidos en la búsqueda de sobrevivientes, usando sus propias manos así como equipos mecánicos.

“No estamos seguros de cuántas personas siguen atrapadas bajo los escombros”, dijo el jefe de policía de Dhaka Distrito Habibur Rahman. “Se ha dado prioridad a salvar a las personas que aún están vivas”, dijo. Un millar de personas siguen desaparecidas bajo los escombros.

En cuanto al derrumbe del miércoles, a pesar de que un día antes las autoridades habían avisado de que el edificio contaba con numerosas grietas, sus jefes les pidieron que acudieran al trabajo.

Primeros arrestos de empresarios

La policía detuvo este sábado a cuatro individuos relacionados con el derrumbe. Los arrestados son dos de los dueños de los talleres textiles que alojaba el edificio y dos funcionarios municipales que aseguraron un día antes del accidente que el inmueble era seguro, señalaron fuentes policiales al diario local The Daily Star.

La policía había acusado a los propietarios de las fábricas de ignorar las grietas que aparecieron en el edificio de ocho plantas el martes y de obligar a los empleados textiles a acudir a sus puestos de trabajo a pesar del riesgo que corrían. “Ninguno de nosotros quería entrar al edificio, pero nuestros jefes nos forzaron”, dijo el día del accidente Nurul Islam, uno de los trabajadores heridos, al portal de noticias Bdnews24.com

El dueño del edificio Rana Plaza, Sohel Rana, que pertenece a la rama juvenil de la Liga Awami -el partido gobernante en Bangladesh-, se encuentra prófugo y está acusado de usar sus contactos en la política para obtener el permiso para construir en terreno público.

David Mayor, un empresario español copropietario de una fábrica textil del edificio, también está siendo en busca y captura por “homicidio por negligencia”. Mayor es el director general de Phantom-Tac, un empresa conjunta a partes iguales entre Phantom Apparels (de Bangladesh) y Textile Audit Company (de España), instalada en más de 2.000 metros cuadrados en el edificio derrumbado, según el sitio web de la empresa.

Explotación laboral y falta de seguridad

Las organizaciones por la defensa de los trabajadores textiles en Bangladesh han denunciado que la responsabilidad de que ocurran numerosos accidentes en este lucrativo sector es de la negligencia del Gobierno y de las empresas occidentales, más interesadas en la maximización de sus beneficios que en la seguridad y los derechos laborales.

La catástrofe, pone en jaque una vez más a un sector que el año pasado generó 15 millones de euros en exportaciones. Algunos de los trabajadores del edificio Plaza Rana Savar cobraban 28 euros al mes y hacían jornadas laborales interminables.

Según datos de la Federación Nacional de Trabajadores del sector Textil de Bangladesh, en los últimos 15 años ha habido unos 600 muertos y 3.000 heridos en accidentes ocurridos en fábricas textiles (incendios o derrumbes) en el país.

LibreRed

sábado, 27 de abril de 2013

Madrid blinda la rentabilidad de los hospitales privatizados

  • Los contratos de cesión incorporan cláusulas de revisión automáticas y obligatorias de los precios que la Administración abona a las empresas a las que entrega la gestión sanitaria
  • Los últimos pliegos de la Comunidad de Madrid especifican que "si la empresa concesionaria no puede hacer frente a sus obligaciones los hospitales pueden ser intervenidos temporalmente por el Estado hasta que la empresa resuelva sus problemas".
Raúl Rejón 26/04/2013
Lasquetty visita uno de los hospitales de gestión privada, el Rey Juan Carlos (Móstoles).
La Comunidad de Madrid protege la rentabilidad para las empresas que se quedan con la gestión de los hospitales que privatiza. Según ha ido adjudicando la dirección de centros a sociedades privadas, la Consejería de Sanidad ha incorporado en los contratos fórmulas automáticas para que el precio que paga a las contratas sea revisado.

En esta línea, el borrador de pliegos que prepara para privatizar seis hospitales hasta ahora de gestión sanitaria pública, ha incorporado un apartado que dice: "Para asegurar la correcta financiación de las prestaciones (...) con carácter anual el pago capitativo se actualizará automáticamente". El baremo que utilizará será el 85% de "el menor" Índice de Precios al Consumo, el español o el de la Comunidad de Madrid.

El precio total con el que parte el proceso privatizador es de 576 millones de euros, que sale de aplicar las cuotas por paciente y año publicadas por Sanidad para cada hospital. Al presentar este plan, el consejero Javier Fernández Lasquetty puso sobre la mesa un precio medio de 441 euros pero, al final, el más barato será 473 euros para el Hospital del Sureste y el más caro 518 para el Infanta Leonor. Lasquetty justificó este desfase en la obligación de las concesionarias de conservar la plantilla de sanitarios que a día de hoy atiende a la población.

En la anterior oleada de centros privatizados (los de las localidades de Torrejón de Ardoz y Móstoles) ya se siguió una fórmula similar según consta en los pliegos de concesión: el 85% que "con carácter anual los importes a abonar por la Administración (...) se actualizarán separada y automáticamente aplicando el Índice de Precios al Consumo de la Comunidad de Madrid, subgrupo servicios hospitalarios". Mejor parado salió el primer proyecto de hospital con gestión totalmente privada de la red hospitalaria madrileña con cargo a los presupuestos públicos: Valdemoro. Allí, la cuota por el funcionamiento del Infanta Elena se revisa con dos puntos sobre el IPC.

Estas cláusulas blindan de alguna manera los ingresos de las concesionarias. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública recuerda que los hospitales de gestión directa "han visto cómo sus recursos han ido disminuyendo en los últimos años mientras los privatizados los veían aumentados obligatoriamente porque estaba recogido en los contratos". Así, en 2011 la caída promedio del resto de centros fue de un 9,5%, el 1,5% en 2012 y un 16% en las cuentas de 2013.

Rescate si la cosa va mal

Aunque los contratos que se firman entre la Consejería de Sanidad y las empresas concesionarias siempre se rotulan bajo el epígrafe "riesgo y ventura" para las contratas (es decir, que se meten en el negocio a sabiendas de lo que es), en los últimos pliegos preparados la Comunidad de Madrid especifican que "si la empresa concesionaria no puede hacer frente a sus obligaciones los hospitales pueden ser intervenidos temporalmente por el Estado hasta que la empresa resuelva sus problemas". Además, tras dos años al frente del hospital, la empresa que gane el concurso ya podrá ceder servicios a terceros (en este caso serán siempre sanitarios porque es lo que se está adjudicando).

120 expertos mundiales alertan del precio de las terapias contra el cáncer

JAIME PRATS Valencia 26 ABR 2013

Los precios de los antitumorales son “demasiado elevados”, “insostenibles”, por lo que, “ponen en riesgo el acceso a los fármacos por parte de pacientes que los necesitan” y “son una amenaza para la viabilidad de los sistemas de salud”. Esta llamada de atención recoge el sentir de 120 oncólogos de todo el mundo especializados en la leucemia mieloide crónica y hace referencia a las nuevas terapias relacionadas con la enfermedad. Pero la reflexión incluye al resto de fármacos usados contra las neoplasias en general y a la “espiral de precios” que afecta, especialmente, a las nuevas moléculas que salen al mercado.

Para plasmar su opinión y hacerla pública, los especialistas han elegido la revista Blood, de la Sociedad Americana de Hematología. El autor de referencia del artículo es Hagop Kantarjian, del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (EE UU). Kantarjian relata a este diario a través de correo electrónico que la idea del artículo surgió a partir de los debates planteados en grupos de discusión sobre “los elevados precios de los medicamentos contra el cáncer y cómo perjudicaban a los pacientes”. A partir de ese momento, relata, “contactamos con especialistas en leucemia mieloide crónica, les trasladamos la iniciativa y les preguntamos si deseaban respaldarla”.

“El coste de los medicamentos prácticamente se ha duplicado en la última década”, advierten los especialistas, que indican cómo de los 12 compuestos contra el cáncer aprobados el año pasado por la autoridad sanitaria estadounidense —la FDA—, 11 tienen un coste superior a 100.000 dólares (77.000 euros) anuales por paciente. De un gasto medio de 5.000 dólares (3.800 euros) mensuales por enfermo se ha pasado en diez años a más de 10.000, añaden.

Hemos llegado a un momento en el que contamos con armas extraordinariamente potentes para combatir el cáncer”, relata Eduardo Olavarría, jefe del servicio de hematología del Complejo Hospitalario de Navarra, uno de los dos españoles firmantes del trabajo, junto con Francisco Cervantes, su homólogo en el Clínic de Barcelona. “Pero nos encontramos ante la paradoja de que si los precios siguen subiendo no los podremos pagar”. De hecho, el Ministerio de Sanidad rechazó el año pasado la financiación por parte de la red pública de dos antitumorales por su elevado precio.

Una portavoz de Farmaindustria, que agrupa a los laboratorios farmacéuticos, prefiere no valorar si el precio de los antitumorales es alto. Apunta que desarrollar un nuevo fármaco ronda los 1.000 millones de euros y que el 40% del aumento de la esperanza de vida entre 1986 y 2000 se debe a los nuevos medicamentos aparecidos en este periodo.

El artículo hace de la anécdota categoría. La anécdota (en realidad, bastante más que eso) repasa la evolución en el tratamiento de un tipo de leucemia que hasta hace 12 años era mortal, la mieloide crónica. La aparición del imatinib (Glivec por su nombre comercial, desarrollado por Novartis) revolucionó el tratamiento como pocas veces sucede en el complejo mundo de la lucha contra el cáncer. De una esperanza de vida de cuatro años se pasó a controlar (cronificar) la enfermedad en más del 90% de los casos.

Cuando el producto se aprobó en los Estados Unidos, en 2001, el coste anual era de 30.000 dólares (23.000 euros) por paciente. La cifra se ha disparado a 90.000 dólares (69.000 euros). Los ingresos de Novartis —que recientemente ha perdido la batalla que mantenía con India por la patente de este fármaco— ligados a Glivec asciendieron en 2012 a 4.700 millones de dólares (3.600 millones de euros), según Bloomberg.

El impacto del precio de los medicamentos en los pacientes difiere según el modelo sanitario. En en los sistemas de cobertura universal europeos es la Administración quien asume el coste. En Estados Unidos, en función de la modalidad del seguro, los enfermos han de asumir parte del tratamiento. Los oncólogos reflejan en el artículo cómo esta circunstancia supone una barrera en el acceso a los tratamientos por parte de los pacientes con menor poder adquisitivo, que no pueden pagarlos. Y que en EE UU es donde los precios son más caros por la incapacidad del Gobierno y las compañías de seguros de negociar a la baja los antitumorales. En España, el tratamiento con Glivec es de algo más de 30.000 euros al año —que asume la sanidad pública— frente a los 69.000 euros en EE UU.

Que la situación en Europa no sea tan dramática, al menos aparentemente, no quiere decir que los países con cobertura universal como España estén a salvo del problema. “La diferencia aquí es que quien no puede pagar no es el paciente, sino el Gobierno, y el resultado final será el mismo si el sistema de salud no tiene dinero”, comenta Olavarría.

¿Cuál sería un precio adecuado para estos fármacos? Olavarría, que asume la necesidad de que la industria obtenga beneficios para seguir investigando, desliza una cifra: “La patente del Glivec caduca en tres años. Saldrán genéricos y su precio rondará el 10% del actual. Aún así, esas compañías ganarán dinero”.