Los
diputados franceses han aprobado en la Asamblea que establecer una
duración determinada de un producto por un fabricante, la denominada
obsolescencia
programada,
se puede castigar penalmente, acarreando una pena de prisión de dos
años y una multa de hasta 300.000 euros que se añadiría a otras ya
integradas en la Ley de Consumo.
El Comité Económico y Social de la UE exige prohibir la obsolescencia programada en toda Europa
La
posición francesa trae el debate a toda la Unión Europea. El
próximo 17 de octubre, el Comité Social y Económico Europeo (EESC,
por sus siglas en inglés) organiza una
mesa redonda sobre la obsolescencia planificada de la que se espera surja la presión necesaria sobre la Comisión
Europea para que se castigue a quienes practican dentro de la UE la
obsolescencia programada. El
EESC ya hizo una llamada a la prohibición total en
un pleno en octubre del año pasado.
El
pasado mes de junio, tras una reunión organizada por la Comisión
Consultiva de Transformaciones Industriales , que preside el español
Carlos Trias Pinto, y que se encuadra en el citado Comité, se
promulgó la Declaración de Madrid,
en la que se reclamaban fundamentos de sostenibilidad en todo el
modelo productivo.
La nueva economía colaborativa es de bienes duraderos, no perecederos
El
experto español en políticas públicas de Consumo, Alejandro
Salcedo Aznal, deja claro en un
estudio licitado por el Consejo Social y Económico,
que la expansión de la nueva economía colaborativa de consumo
compartido , la auténticamente sostenible, necesita para su
viabilidad el tránsito de una sociedad industrial de bienes
perecederos a otra de bienes duraderos. Quedaría así fuera del
circuito la obsolescencia programada y se trataría de enfocar la
lucha contra la obsolescencia psicológica, que se marca al
consumidor con la implantación de modas.
El
aumento de los plazos de garantía, el fomento del alquiler en lugar
de la compra, la exigencia de piezas de recambio para periodos muy
largos y la reducción de los costes de reparación, además de la
estandarización de algunos productos (como es el caso ya
reglamentado de los cargadores de móviles) son medidas que ya se
están exigiendo en los países más avanzados en sostenibilidad. La
asimilación que hace ahora Francia de la obsolescencia planeada con
el engaño es un gran paso.
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