domingo, 22 de abril de 2018

Vecinos y autoridades se rebelan contra los nuevos contadores de luz

El Parlament y ayuntamientos catalanes cuestionan su inocuidad y que respete la protección de datos privados

Una usuaria inspecciona uno de los nuevos contadores de luz. / FERRAN SENDRA  
Un suministro eléctrico que genera tantas luces como sombras. Ese es el escenario que se cierne sobre los hogares que cuestionan la ejecución del plan del Gobierno para sustituir los contadores electromecánicos por otros telegestionables, dotados de una tecnología PLC (comunicaciones de línea energética, por sus siglas en inglés), que usan el cableado eléctrico para transmitir datos de consumo, además del propio flujo de corriente. Las compañías eléctricas disponen hasta el 31 de diciembre para gestar un cambio inspirado en una directiva europea sobre eficiencia energética pero que alumbra dudas sobre el impacto pernicioso que pueden tener esos nuevos aparatos en la realidad de los usuarios.

El principal argumento contra e efecto indeseado de estos contadores tiene que ver con la salud, como destaca Núria Marín, portavoz de la Plataforma Stop Comptadors, que señala que "no hay informes concluyentes que avalen su inocuidad". "Cuando pedimos garantías a Endesa [que acapara el 95% del mercado en Catalunya] nos hablan de análisis que demuestran que no hay impacto real, pero aún estamos esperando que los muestren", esgrime Marín. Los contadores usan señales PLC, "las mismas que se emplean en las redes de alta tensión", pero que ahora penetran en el interior de los hogares, con la diferencia de que el cableado doméstico "no está preparado para soportar este tipo de frecuencias", remarca.

La Cámara catalana reclama la paralización del proceso mientras haya dudas

Los vecinos reticentes a la modificación de contadores cuentan con el respaldo de una sesentena de mociones de ayuntamientos catalanes y del propio Parlament, que el pasado julio aprobó una resolución en la que se instaba a la Generalitat a que reclamara al Gobierno central" paralizar preventivamente estas gestiones" para dar respuesta "al malestar de un gran número de ciudadanos", así como a exigir a Endesa y al resto de eléctricas la elaboración obligatoria "de un informe preceptivo y vinculante sobre la contaminación electromagnética" de estos aparatos. La Cámara catalana pone el foco especialmente "en menores, mujeres embarazadas y colectivos sensibles", como las personas diagnosticadas con electrosensiblidad.
 
Personas vulnerables a radiaciones que la propia Organización Mundial de la Salud "considera potencialmente cancerígenas", como recuerda Carme Herranz, abogada del Col·lectiu Ronda que asesora a personas que se oponen a la medida, como ya pasa en otros países. "En Gran Bretaña no es obligatorio, el usuario decide; en Alemania solo es obligatorio a partir de consumos elevados, cuando se justifica el ahorro energético; Holanda ha modificado la norma para que la transmisión se haga por fibra óptica, que es inocua", destaca Pilar Revelles, de Stop Comptadors, una de las entidades a la que se refiere el Parlament en su resolución. Herranz apela al principio de precaución "como concepto jurídico vinculante", que establece la renuncia a cualquier producto, servicio o tecnología "siempre que la evaluación científica permita determinar riesgos con suficiente certeza".

Datos y privacidad

El propio Parlament plantea la necesidad de que se garantice el derecho de los ciudadanos a "oponerse a la instalación de estos contadores "y subraya"el incumplimiento de la legislación en materia de protección de datos", reclamando que los sistemas de medida se rijan bajo parámetros que garanticen la privacidad del usuario. "Saber la curva horaria de consumo abre la puerta a la captación de una ingente cantidad de información sobre nuestros hábitos domésticos, contra la privacidad y aportando una información muy valiosa para empresas que desean conocer las necesidades de potenciales clientes", destaca Marín.

En tanto que responsable del cambio del 95% de contadores en Catalunya, Endesa sostiene que se limita a cumplir con su "responsabilidad para con el marco legislativo en vigor", en referencia a la normativa impulsada por el Ejecutivo español, que a su vez se ampara en una directiva comunitaria del 2012 que fija un objetivo de mejorar la eficiencia energética de los socios comunitarios. También asegura facilitar los informes que avalan la inocuidad del PLC a los usuarios y autoridades que lo reclamen, extremo desmentido por diversos clientes. El Ministerio de Energía se refiere a la normativa de la UE para justificar la medida y sostiene que Bruselas "realizó un estudio de coste-beneficio y en España se determinó la necesidad de cambiarlos", sin mostrar dicho estudio. Asimismo sostiene que los protocolos de actuación "cuentan con el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos".

Usuarios alegan que la UE impone la eficiencia energética, no el contador

Marín replica que la directiva europea hace referencia a un horizonte del 20% de eficiencia energética en el 2020, pero en tanto que directiva solo marca los objetivos y corresponde a cada país elaborar sus propias normas para alcanzarlos, a diferencia del reglamento, que es vinculante. "El Gobierno español hace una interpretación absolutamente maximalista de lo que son meramente recomendaciones", exponen desde el Col·lectiu Ronda. Marín plantea que quizá haya intereses ocultos en esta "inflexibilidad que no se da en otros países" y lo fundamenta en que la normativa española "es, además, del 2007 y por tanto previa a la directiva europea".

Más de 7.000 contadores instalados por semana

La normativa determina que las compañías eléctricas disponen hasta el 31 de diciembre para implementar los nuevos contadores, un extremo al que recurren algunos vecinos que se niegan a instalarlos. "Es imposible que el cambio se haga solo al final del periodo porque por necesidades logísticas debe de hacerse de manera escalonada: estamos colocando unos 7.000 por semana", explican desde Endesa. Según la compañía hay un 92% de aparatos ya instalados en Catalunya y prevén llegar al 98% a finales de año, dejando un margen para personas con electrosensibilidad y que acrediten patologías asociadas al impacto de las ondas PLC. Un extremo que cuestiona Pilar Revelles, de la Plataforma Stop Comptadors, que sostiene que ella misma y otros afectados por esta enfermedad se siguen viendo "asediados" por las presiones de la compañía.

Otras de las quejas que reciben las suministradoras tienen que ver con usuarios que denuncian cortes de luz realizados cuando no dan su consentimiento. La proveedora destaca que se limita a cumplir los objetivos, plazos y premisas que establece el marco legislativo en la materia. Endesa destaca asimismo que uno de los objetivos de la telegestión es que los propios usuarios puedan conocer su propia curva de consumo para alcanzar un objetivo de eficiencia en el gasto doméstico. Los usuarios denuncian asimismo la imposición del contador de Endesa, sin poder elegir otro, "atentando contra la libre competencia".

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