- Ecologistas en Acción alerta de que el despliegue de la tecnología 5G se está haciendo sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y ambientales, a pesar de los contundentes y numerosos llamamientos científicos a aplicar el principio de precaución.
- No se ha realizado la evaluación de impacto sobre la salud que exige la Ley de Salud Pública, y sin que se haya puesto en marcha el Comité de Radiofrecuencias y Salud recogido en la Ley de Telecomunicaciones.
En todo el mundo se está produciendo
el despliegue acelerado de la tecnología 5G. Vodafone ha anunciado
en España que lanzará nuevos servicios gratuitos 5G en 15 ciudades
vendiendo los primeros móviles 5G, usando a vieja estrategia de
crear gratis la necesidad para más adelante cobrarla. Los medios de
comunicación destacan los grandes beneficios de esta nueva
tecnología, pero no nos explican que paralelamente está habiendo
una verdadera movilización de científicos a nivel internacional que
están alertando de sus riesgos potenciales.
Cuando se introduce una nueva
tecnología en el mercado previamente se ha investigado en un
laboratorio con células y animales para demostrar su inocuidad para
las personas y el medio ambiente. Pero en el caso del 5G no es así.
En 2017, Hardell, científico en base a cuyas investigaciones
epidemiológicas la OMS declaró las tecnologías inalámbricas como
cancerígeno de nivel 2B, encabezó un llamamiento firmado por 180
científicos pidiendo a la Unión Europea una moratoria del
despliegue del 5G hasta que se demuestre su inocuidad, pues ya se han
publicado miles de artículos científicos que evidencian el daño
producido por las anteriores tecnologías inalámbricas para la salud
de las personas, pero también para los animales y para las plantas.
Sin embargo, el 5G no se ha investigado previamente a su
introducción. En 2018 se puso en marcha un nuevo llamamiento
científico firmado ya por más de 100.000 investigadores, médicos,
asociaciones y ciudadanas de 187 países pidiendo a la OMS y a la ONU
que se detenga el despliegue hasta contar con evidencias de
inocuidad. Numerosos científicos han escrito a políticos, senadores
y gobernadores pidiendo una moratoria.
A finales de 2018 el SCHEER, Comité
Europeo de Riesgos Emergentes clasificó en su informe de riesgos con
un 3 sobre 3 el daño potencial para la fauna salvaje que se puede
producir por el aumento de contaminación electromagnética debido al
despliegue del 5G.
De hecho, algunos políticos han
atendido a las advertencias científicas. La ministra de Medio
Ambiente de Bruselas ha bloqueado el despliegue 5G alegando que no
está dispuesta a que los habitantes de Bruselas se conviertan en
“conejillos de indias”. Cantones suizos, a los que pertenecen
ciudades tan importantes como Ginebra o Lausana, también han
bloqueado el 5G hasta que se investiguen sus posibles efectos sobre
la salud. Alcaldes como el de la ciudad italiana de Morino también
se han opuesto a este despliegue. Ayuntamientos como el de Florencia
han firmado una moción por la que se reclama que se aplique el
principio de precaución.
La ciudadanía también se está
movilizando a nivel mundial. Existen más de 150 movimientos STOP 5G
repartidos por todos los continentes. En EE UU el movimiento
‘Americanos por una Tecnología Responsable’ ha reunido 59
ciudades de 23 Estados. Ciudadanos y asociaciones de San Francisco,
Washington, Nueva York, Santa Fe o Chicago no solo se están
manifestando, también en algunos casos están emprendiendo acciones
judiciales contra la FCC, organismo que regula las telecomunicaciones
en EE UU, por no proteger la salud de los ciudadanos.
Ecologistas en Acción y la Plataforma
Estatal Contra la Contaminación Electromagnética denunciaron en su
día en las aportaciones públicas al Plan Nacional 5G que este se ha
puesto en marcha sin realizar una evaluación de impacto sobre la
salud, como determina la Ley General de Salud Pública. Llama por
otra parte poderosamente la atención que la Ley de
Telecomunicaciones de 2014 preveía la constitución de un Comité
Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, pero no se ha creado
en cinco años. Y ello a pesar de que el Defensor del Pueblo ha hecho
varios requerimientos para ello al Ministerio de Sanidad del gobierno
del PP y al Ministerio de Industria del gobierno del PSOE. Es decir,
no existe un órgano que realice un seguimiento de los posibles
efectos para la salud de este despliegue.
Para que una tecnología sea social y
ambientalmente apropiada debería no causar daño a las personas y a
las restantes formas de vida animales y vegetales; no debería
comprometer de modo irreparable el patrimonio natural y la salud de
las futuras generaciones; no debería ser coercitiva, y debería
respetar los derechos y las posibilidades de elección de sus
usuarios voluntarios y de sus sujetos involuntarios y no debería
tener efectos generalizados irreversibles, aunque estos parezcan a
primera vista ser beneficiosos o neutros. Ninguno de estos requisitos
los cumple la tecnología 5G. Y lo que es gravísimo, su despliegue
supone un incremento exponencial de la contaminación
electromagnética, tanto por un aumento en las potencias, pues el 5G
se añade, no sustituye al 2G, 3G, 4G ni al wifi. Se emplearán
nuevas frecuencias, también se van a desplegar millones de nuevas
antenas y se van a poner en órbita miles de satélites en todo el
mundo de tal modo que no existirá un rincón en la Tierra en el que
se garantice que quienes necesitan preservarse de esta tecnología
por motivos de salud, como las personas electrohipersensibles, puedan
hacerlo.
A lo largo de la historia nos hemos
equivocado muchas veces con nuestras decisiones tecnológicas. Aunque
nos hayan proporcionado grandes avances en nuestra calidad de vida,
también han llevado aparejados graves inconvenientes para la salud,
los ecosistemas y el planeta. Hasta ahora, esos errores han sido
fruto del desconocimiento. Esta va a ser la primera vez en la
historia de la humanidad en la que la ciencia nos ha alertado de los
potenciales y graves efectos negativos que esta nueva tecnología 5G
puede tener para la vida si no se investiga previamente y se corrigen
sus posibles riesgos.
Para Ecologistas en Acción estamos
siendo víctimas de un “despotismo tecnológico”. Políticos y
medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, parecen estar
más al servicio de la tecnología que de la ciudadanía. La
tecnología debería estar sujeta a un control democrático real. La
ciudadanía debería estar informada de sus ventajas, pero también
de sus posibles riesgos, y entre todos deberíamos decidir si nos
interesa seguir hacia adelante o si preferimos “parar un poco”
para perfeccionar la nueva tecnología y no cometer errores que luego
se demuestren irreversibles. Aunque nos vendan la rapidez y la baja
latencia del 5G que va a permitir bajarnos una serie en segundos, lo
que una vez más podemos poner en riesgo desde la inconsciencia es la
vida misma. Hay que aplicar el principio de precaución y desplegar
una tecnología solo cuando se garantice su inocuidad.
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