INVESTIGACIÓN
Texto: Laia Altarriba / Ilustración:
Jordi Borràs
Martes, 16 de junio 2015
Cada vez se dan menos bajas médicas,
menos días de baja y menos pensiones de invalidez permanente. El
ICAM (Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas), el organismo del
Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña que gestiona,
por encargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), los
procesos médicos y sanitarios en materia de incapacidad laboral,
está en el ojo del huracán de una problemática a menudo olvidada.
Los datos son concluyentes.
El ICAM deniega cada año un porcentaje
más alto de las peticiones de invalidez permanente que le llegan. Si
en 2008 rechazó 5.933 peticiones (el 27,39% del total recibido), en
2013 la cifra creció hasta 9549 (el 40% del total).
Más datos: las peticiones de invalidez
admitidas, por el contrario, se redujeron del 57,3% en 2008 (12.418
personas) hasta el 50% en 2013 (11.937 personas).
De hecho, lo que hace el ICAM es una
propuesta y finalmente es el INSS quien acaba decidiendo, pero sobre
la base únicamente de lo que propone el organismo catalán. El
abogado del Colectivo Ronda Alex Tisminetzky explica que, cuando la
recomendación del ICAM es denegar la baja, "el INSS siempre le
hace caso" y que "si la propuesta es dar la invalidez, es
cuando algunas veces el INSS discrepa y la deniega".
A esta tendencia de otorgar cada vez
menos invalideces absolutas, se ha sumado otro obstáculo: los
últimos meses ha crecido el número de personas a las que ya habían
reconocido la invalidez permanente, pero que ahora se la han
retirado. El colectivo más afectado por este clima general de
reducción de las bajas médicas es el de las llamadas enfermedades
de síndrome de sensibilización central (SSC), que son enfermedades
crónicas que no tienen cura como la fibromialgia, el síndrome de
fatiga crónica /encefalomielitis miálgica, la sensibilidad química
múltiple y la sensibilidad electromagnética.
Además de la denuncia pública que
están haciendo grupos de personas afectadas, también lo constatan
los abogados del Colectivo Ronda, de Barcelona, que es uno de los
despachos que tienen más especialistas en seguridad social. Uno de
los letrados de este despacho, Alex Tisminetzky, asegura que la
retirada de pensiones por invalidez permanente a mujeres con este
tipo de enfermedades "es una práctica que siempre se ha dado,
pero antes los casos los veíamos con cuentagotas; mi impresión es
que desde hace un año más o menos se están produciendo muchas más
retiradas de la pensión a personas que ya la tenían reconocida".
Una de las afectadas que más han
batallado por el reconocimiento de los síndromes de sensibilización
central es Clara Valverde, enfermera y presidenta de la Liga Síndrome
de Fatiga Crónica / Encefalomielitis Miálgica. Hace unos 35 años
que se la diagnosticaron por primera vez. Valverde asegura que la
pérdida de la invalidez permanente es una situación muy extendida
en su colectivo: "No tengo datos oficiales, pero conozco cientos
de personas a las que han retirado la pensión. Las administraciones
públicas no quieren gastarse dinero en estas enfermedades. Si
hicieran eso a afectados de otras patologías, habría mucho revuelo,
pero saben que estos enfermos no tenemos apoyo social (el Gobierno se
ha encargado mintiendo, no informando, no formando a los médicos,
etc.), con lo cual saben que pueden sacar las pensiones y no habrá
alarma social". Otro abogado del Colectivo Ronda, Miguel Arenas,
añadiendo que no se cree los datos del ICAM sobre la reducción de
las invalideces concedidas: "No me las creo; la situación es
aún peor; no sé cómo trabajan los datos en el ICAM, pero las
denegaciones de invalideces permanentes son superiores a las
aceptaciones. Lo sé porque nos encontramos cada día con estos
casos. Y, con respecto a las personas a las que están retirando la
pensión, el ICAM no da cifras, pero cada vez hay más".
La subdirectora del ICAM, Consuelo
Lemonche, preguntada por CRÍTICO sobre las denuncias de retirada de
la invalidez permanente a estas enfermas, asegura que no tiene
"constancia de que vaya en aumento". Reconoce que tuvieron
una reunión "por dos casos concretos", pero dice que no
tiene ninguna noticia más, a pesar de las denuncias públicas que se
han hecho por parte de afectados y de abogados. Lemonche hace
hincapié en el hecho de que es competencia del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social y que lo que hace el ICAM es un informe no
vinculante y remarca que "todas las invalideces son revisables y
que se hace más a menudo o más tarde en función de la profesión y
de la edad ".
Menos días de baja temporal
El contexto general muestra que cada
vez se dan también menos bajas temporales y que la media de días de
baja se ha reducido. La disminución de invalidez que otorga el ICAM
no se limita a las permanentes, sino que también afecta a las
temporales. En concreto, si en 2007 cada afiliado a la Seguridad
Social activo (es decir, cada trabajador con empleo) estuvo 12,7 días
de baja al año de media por incapacidad temporal, en 2013 la cifra
se redujo hasta 9 días de baja anual.
El abogado Alex Tisminetzky considera
que hay varias razones que explican tanto el descenso de las
invalideces permanentes que se reconocen como los días de baja
temporal: "El Estado está intentando reducir las pensiones y el
gasto en Seguridad Social, y una de las fórmulas para hacerlo es
reconocer cada vez menos incapacidades a través de criterios más
estrictos para concederlas". Y añade: "A pesar de que una
parte de las personas afectadas demandan judicialmente la denegación
y logran el reconocimiento, es evidente que finalmente habrá menos
pensiones a pagar. Es recortar a costa de los más débiles; en este
caso, de las personas que no pueden trabajar porque están enfermas".
Además, y en lo que respecta específicamente a las incapacidades
temporales, Tisminetzky añade otro elemento que explica el descenso:
"En situaciones de crisis económica y de paro muchos
trabajadores no cogen la baja médica o vuelven a trabajar antes de
estar del todo recuperados por el temor de perder el trabajo".
Viacrucis
por una enfermedad "maldita y oculta"
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Manifestación en Barcelona el domingo 10 de
mayo en el Día de la Fatiga Crónica para
reclamar apoyo a las instituciones / RED
PENEDÈS
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Una de las personas que han visto cómo
le retiraban la pensión que ya tenía concedida es Imma Lopera, una
badalonesa de 46 años. El 25 de octubre de 2012, el ICAM emitió una
resolución en la que reconocía que padecía varias enfermedades que
le comportaban una "incapacidad permanente en grado absoluto
para cualquier tipo de trabajo". Era la primera buena noticia
que Imma recibía desde que hace siete años tuvo la primera crisis,
que la dejó dos meses en la cama sin poderse levantar. Entonces le
diagnosticaron fibromialgia. Más adelante añadieron fatiga crónica,
sensibilidad química múltiple (SQM) y síndrome de Sjögren. Tras
varios episodios de baja, la echaron de la finca donde trabajaba
haciendo mantenimiento, y un médico especialista de la Seguridad
Social le hizo ver que todas estas enfermedades eran crónicas, que
nunca más podría trabajar y que tenía que pedir la incapacidad.
Así que siguió todos los protocolos y en octubre de 2012 del ICAM
le concedió una pensión por invalidez.
Pero la resolución del ICAM, como
ocurre siempre, tenía una cláusula que permitía revisar el estado
de la enferma y revocar la invalidez, aunque los especialistas
subrayan que se trata de enfermedades irreversibles y que las
personas afectadas no pueden mejorar. Y la llamaron en otoño de 2013
para hacerle la revisión. Tuvo que pasar por varios controles con
peritos del ICAM y con consultores privados donde asegura que le
hicieron pruebas y cuestionarios "absurdos, vejatorios y
humillantes" que no tenían relación con sus enfermedades, y
que no se miraron los informes que llevaba de médicos especialistas
de la sanidad pública. El abogado Miguel Arenas corrobora que la
situación que ha vivido Imma no es un caso aislado: "Es una
situación completamente injusta; dicen que 'no hay limitación
funcional objetiva' para trabajar, pero hacen unas pruebas que no
tienen nada que ver con las que se deberían hacer para diagnosticar
la patología que sufren".
Desde el ICAM, la subdirectora,
Consuelo Lemonche, asegura que se hacen todas las pruebas necesarias
y que quien toma la decisión de recomendar o no la invalidez tiene
acceso a través del servicio informático a todos los informes de
los pacientes que los han hecho los médicos de cabecera o los
especialistas de la pública. Y añade que se tiene en cuenta el tipo
de trabajo del paciente y la patología para decidir si hacen la
recomendación de mantener la baja o dar el alta.
Finalmente, tras el proceso de
revisión, el ICAM le hizo llegar una carta el 31 de enero de 2014
que la hundió emocionalmente: "M. Inmaculada Lopera Ruiz no
tiene actualmente ningún grado de incapacidad permanente, y debe
dejar de percibir la pensión". Sin pensión de invalidez, sin
paro y sin poder trabajar nunca más. Su hijo de 23 años tuvo que
dejar inmediatamente los estudios del grado superior de técnico
informático que había empezado a cursar en un centro privado porque
la familia no se podía permitir seguir pagándo.
Hace
meses que Imma sólo sale de casa para hacer gestiones
imprescindibles: "Salir es un suplicio por el esfuerzo físico,
y porque no soporto los perfumes ni el olor de gasolina, y el sol me
da dolor de cabeza". De la mayor parte de tareas domésticas se
ha de encargar su marido y a menudo también debe bañarla porque a
ella le cuesta mucho levantar los brazos. Tiene permanentemente dolor
y se puede quedar dormida en cualquier lugar a media conversación. Y
hay momentos en que el dolor se intensifica y entonces no se puede
levantar de la cama.
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Sonia Romero y Antonia González están
pendientes de una sentencia judicial
que
les devuelva la pensión de invalidez
permanente / RED PENEDÈS
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Esta badalonesa no es una excepción.
Sonia Romero, de Vilanova y la Geltrú, y Antonia González, de Santa
Margarida i els Monjos, están viviendo una situación similar. La
primera padece esclerosis múltiple, fatiga crónica, fibromialgia y
diabetes, y la segunda, fatiga crónica, sensibilidad química
múltiple y sensibilidad digestiva y ambiental. Las tres habían
conseguido que el ICAM les concediera la pensión de invalidez, pero
uno o dos años más tarde se la han retirado. Y ahora esperan que
los tribunales de justicia les den la razón y los devuelvan el
subsidio del que dependen para vivir con dignidad. En los tres casos
las llevan abogados del Colectivo Ronda, despacho donde actualmente
atienden a una veintena de causas similares.
Años para conseguir un juicio y
recuperar la pensión
Desde el Colectivo Ronda explican que,
cuando recurren ante los tribunales de justicia contra estas
negativas del ICAM a mantener la invalidez permanente, la mayoría de
las veces los jueces dan la razón a las afectadas. Alex Tisminetzky
lo explica: "Actualmente , los jueces resuelven dar invalidez si
hay diagnóstico de estas enfermedades por parte del especialista de
la Seguridad Social, y si este especialista determina que es en grado
'grave' en una escala de I a III (con agudizaciones a IV ). Pero, a
pesar de que este es el criterio de la jurisprudencia y lo que ha
determinado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
desgraciadamente todavía dependemos mucho de la sensibilidad de cada
juzgado hacia esta enfermedad".
Tisminetzky lamenta el hecho de que el
ICAM considere "que la fatiga crónica, la fibromialgia y la SQM
son patologías subjetivas que no tienen ninguna prueba objetiva que
las pueda diagnosticar, a pesar de que haya informe de la unidad
especializada de la Seguridad Social". Este abogado, que ha
visto pasar por su despacho muchas personas afectadas por estas
patologías, lamenta esta actitud "inhumana" del ICAM
porque "intenta reducir costes de las pensiones de invalidez a
costa del sufrimiento de mucha gente". Y describe las
consecuencias que conoce de cerca: "Las retiradas de la
invalidez permanente dejan a las personas afectadas en una situación
personal muy compleja, porque el recurso puede tardar 1 o 2 años en
llegar a juicio, y durante este tiempo o tienen un mínimo subsidio
de 426 euros o ni siquiera eso".
¿Cómo afecta la vida padecer una
enfermedad crónica?
El doctor Joaquín Fernández Solà,
especialista del Hospital Clínico en este tipo de enfermedades,
explica que en Cataluña hay unas 25.000 personas que padecen
síndromes de sensibilización central (SSC), el 80% de las cuales
son mujeres, y la media de edad de estos enfermos es de 48 años.
Fernández Solà explica las principales limitaciones que suponen
para quien las padece: "Conllevan fatiga física e intelectual,
y la consiguiente imposibilidad de realizar tareas físicas e
intelectuales mínimamente intensas y continuadas". Además,
también afectan el estado de ánimo y el ritmo del sueño.
Clara Valverde, la enfermera y afectada
pionera en la lucha por el reconocimiento de estas enfermedades,
explica muy gráficamente qué significa sufrir fatiga crónica: "Es
como el peor día de la peor gripe que has tenido, y así cada día
de tu vida. es como ser muerta en vida. No tengo defensas, así que
sufro infecciones masivas constantemente. Vivo de la cama al sofá y
del sofá a la cama, puedo estar meses sin salir de casa. Soy como
una vieja de 85 años con mala salud. Hace 15 años que no me puedo
duchar ni lavarme el pelo sola. Mi pareja me ayuda; si estuviera
sola, haría años que habría muerto". Y añade otro gasto
económico que deben sufragar de su propio bolsillo: "Como la
Seguridad Social no cubre nada de la fatiga crónica, entre
tratamientos, analíticas y médicos me gasto entre 6.000 y 9.000
euros al año".
En los casos de Imma, Sonia y Antonia,
el ICAM ha emitido informes en los que asegura que ha visto una
mejora en su situación y que, por tanto, ya pueden trabajar. Le
preguntamos al doctor Fernández Solà si es posible que los
afectados mejoren: "Son un conjunto de enfermedades relacionadas
que son crónicas y no se curan; no son transitorias. No tenemos
tratamientos que hagan que la repercusión global de la enfermedad
crónica varíe de manera global, así que los comités científicos
internacionales aseguran que no existe cura actualmente". Y
añade un dato relevante: "Cuando se mira como colectivo los
enfermos con fatiga crónica a nivel internacional, vemos que, cinco
años después del diagnóstico, ni el 15% pueden hacer la actividad
laboral previa".
La subdirectora del ICAM, sin embargo,
considera que estas enfermedades tienen un diagnóstico complicado:
"Un problema cardiológico es demostrable, al contrario que la
fibromialgia". Y justifica que a este tipo de enfermos les den
el alta para que "es lógico que sea revisable alguien que ha
tenido problemas de dolor en la espalda", ya que "puede que
algún tiempo después de la baja ya estén mejor y estén preparadas
para hacer según qué trabajos".
Lucha para conseguir el reconocimiento
Algunos de los afectados a quien hace
algunos meses les han retirado la invalidez permanente y que ahora
han recurrido a la justicia, ya es la segunda vez que recurren a los
tribunales. Y es que, como explican los abogados, hay personas que ya
han tenido que luchar su primera batalla: que los reconozcan la
invalidez. En el caso de Imma, tuvo la suerte de que se la otorgaron
cuando la pidió en 2012, pero el abogado Miguel Arenas asegura que
actualmente el ICAM deniega de entrada todas las nuevas peticiones de
invalidez permanente que le llegan de personas con fatiga crónica.
Cuando las afectadas acuden a la justicia, Arenas asegura que ganan
la mayoría de los casos.
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Boi Ruiz, consejero de Sanidad /JORDI BORRÀS
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Además, este abogado añade la
dificultad que hay que conseguir informes médicos especializados que
confirmen la enfermedad. Y es que actualmente sólo hay dos unidades
públicas de referencia, el Hospital Clínico y Vall d'Hebron, a las
que la mayoría de la población no puede acceder porque no les toca
por zona. Entonces, el recurso que queda a los que no tienen acceso
es acudir a la medicina privada pagando. La paradoja es que el centro
privado de referencia es Barnaclínic, donde los propios médicos de
la Seguridad Social atienden pacientes privados dentro del Hospital
Clínico. Una primera visita en este
centro con alguno de los doctores especialistas en síndromes de
sensibilización central para que te hagan un diagnóstico con el que
acudir al juez tiene un coste mínimo de 210 euros y las siguientes
visitas de seguimiento cuestan 160 euros cada una. A aquí hay que
sumar los gastos del recurso judicial, que puede oscilar entre 500 y
1.500 euros en función del despacho de abogados. El precio del
médico privado y del abogado, sumado al tiempo y la energía que hay
que invertir en todo el proceso, conlleva que una parte de las
personas afectadas no llegue nunca ante el juez que le podría
reconocer el derecho a la pensión.
Marta Serrés, de Sant Cugat, es una de
las personas que tuvieron que llevar el ICAM ante la justicia para
obtener el reconocimiento de la invalidez permanente. Padece
fibromialgia, fatiga crónica y SQM. Tuvo la suerte de que trabajaba
como gestora cultural en una entidad donde encontró comprensión y
apoyo cuando tuvo que empezar a coger cada vez más a menudo bajas
laborales por culpa de estas enfermedades. A lo largo de un proceso
de 10 años le cambió completamente la vida, "de subir a la
pila de Estados a ir a una manifestación en silla de ruedas".
Así que hubo un momento en que tuvo que dejar de trabajar
definitivamente y decidió pedir al ICAM la invalidez permanente.
Pero se encontró un muro que se la denegó. Entonces le tocó un año
de batallar para obtener los informes médicos de los centros de
referencia que la tenían que ayudar a conseguir que el juez le diera
la razón. No le tocaba por zona, pero después de cartas y llamadas
a todos los que pudo del Departamento de Salud, incluyendo el
consejero, Boi Ruiz, se salió y el 2 de febrero de este año supo
que había ganado el juicio.
Marta lo explica con optimismo, pero no
esconde un temor: "Sé que, una vez se resuelva el recurso del
ICAM, en cualquier momento me pueden llamar para que me vaya a hacer
la revisión y me retiren la pensión que tanto me ha costado ganar".
Así que se prepara, explica, y sigue yendo a los médicos con toda
la frecuencia que toca y nunca olvida de pedirles el informe
correspondiente que corrobora que sigue padeciendo la enfermedad, por
si la llaman del ICAM. Y con su testimonio confirma la denuncia que
cada vez coge más eco: "A todas las personas que conozco
menores de 50 años que tienen fibromialgia y al que otorgaron la
invalidez laboral absoluta, los están enviando cartas desde el ICAM
para que vayan a hacerse la temida revisión".
En definitiva, el abogado Tisminetzky
constata que "la tendencia es hacia unas pensiones públicas
cada veces más mínimas, tanto de invalidez como de jubilación o
viudedad. Estamos yendo hacia un sistema casi asistencial donde las
pensiones sean de miseria, y en el ámbito de las incapacidades esto
se traduce en criterios cada vez más restrictivos para dar
invalideces cada vez más bajas. A menos, claro, que la lucha de los
afectados, sindicatos y movimientos sociales consiga cambiarlo".
"Ojalá fuera invención mía y
pudiera recuperar mi vida de antes", se lamenta Imma, una de las
enfermas con las que hemos hablado en este reportaje. Y es que ha
tenido que escuchar demasiadas veces que exagera sobre la enfermedad
que la recluye en casa. Mientras espera una sentencia que el juez
debe resolver de manera inminente, advierte de que, si se lo vuelven
a denegar, sacará las fuerzas de donde sea e irá a reclamar lo que
considera que se merece: "Cogeré una pancarta y me sentar ante
la Generalitat hasta que no me den una solución. No pienso quedarme
encerrada en cas ay sin protestar; eso es lo que quisieran los
políticos".
