martes, 20 de septiembre de 2016

Ciencia vs. comercio en la OMS


Examen de la nueva resolución de la OMS “absolviendo” al glifosato del dictamen anterior como “probablemente cancerígeno”, tratando de desnudar los motivos, que no parecen para nada científicos, para tal resolución.

glifosato: la Organización Mundial de la Salud cede ante empresas

Hagamos un pequeño racconto: el glifosato es el herbicida de uso màs extendido hoy día. Se venía usando extensivamente, sobre todo para los abundantes céspedes de EE.UU., porque se había verificado que no tenía la virulencia de otros temidos herbicidas, con letalidad inmediata comprobada (el paraquat, el temido “Agente Naranja, por ejemplo, que es una mezcla de 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina (TCDD) y 2-4-5-t. O un “primo” suyo de menor potencia pero aun altamente tóxico, el “abundante” y muy presente en campos argentinos 2-4-d y otros también temibles; atrazina, glufosinato, carbamatos…

El glifosato se multiplicó con la implantación de cultivos transgénicos, precisamente preparados para soportar glifosato que tiende a eliminar a los demás vegetales.

Por su baja letalidad inmediata, se lo consideró inofensivo. Estuvo durante muchos años considerado no tóxico, atóxico o como el lector prefiera piropearlo.

Sin embargo, investigaciones reiteradas de biólogos como el argentino Andrés Ca-rrasco, descubrieron y describieron preocupantes índices de intoxicación… con glifosato.

Gilles-Eric Seralini, francés, por ejemplo, retomó las experiencias de la “investigación” que Monsanto había hecho con conejillos de Indias y que le habían dado total inocuidad y así lo había publicado en revistas “científicas” y en comunicados emitidos, no por el laboratorio transnacional que podría considerarse parte interesada sino a través de organizaciones que proclaman ser “sin fines de lucro”, aunque precisamente están fundadas, montadas y financiadas por empresas, como es el ILSI, International Life Sciences Institute, que responde por entero a Monsanto, o Croplife International que está patrocinada, financiada, etcétera por Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Sumitomo Chemical y otros entre los mayores laboratorios del mundo.

Séralini observó que los estudios de Monsanto se habían limitado a tres meses, exactamente. Entonces repitió exactamente la misma hoja de ruta (cantidad de glifosato administrado, mismo tamaño de los conejillos y el mismo tipo de encierro, de comida, etcétera pero lo prolongó después de los tres meses. Y pudo verificar que ya en el mismísimo cuarto mes empezaban a aparecer alteraciones en la salud de los animalitos de prueba, cada vez más patentes, como por ejemplo, enormes tumores. Las conclusiones sobre inocuidad del glifosato quedaban barridas, literalmente.

Entre 1996, momento de implantación de cultivos transgénicos (soja, fundamentalmente) y 2014, es decir durante casi dos décadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aceptó como inocuo al glifosato pese a que sobre todo en el correr de los años del s. XXI, se empezaron a verificar preocupantes efectos contaminantes desde los campos “transgénicos”. Los ya mencionados hicieron sus verificaciones, Carrasco en 2009 y Séralini en 2012.

No fue, sin embargo, hasta 2014 momento en que finalmente, la OMS (a través de su Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, IARC) declaró al glifosato “probablemente cancerígeno”. Durante los años previos su latiguillo había sido que ”no estaba suficientemente probado”.

2014 se presenta así como condena de muerte para Monsanto. Como dicen los jóvenes, “se les vino la noche”; a Monsanto, Syngenta y a todos los laboratorios comprometidos con la quimiquizaciòn de los campos.

Monsanto, por ejemplo (que es el laboratorio con mayor participación en los “negocios transgénicos” del mundo entero) obtenía unos cinco mil millones de dólares anuales por la venta de glifosato (bajo su marca Round Up Ready).

Monsanto, y seguramente todo el pool de laboratorios con el mismo enfoque y administración de agroquímicos, se dedicaron a cuestionar e invalidar el resultado asumido por IARC. Observe el lector que el IARC se había tomado su tiempo para el dictamen que invalidaba el uso y abuso de glifosato.

Pero la ciencia es hoy día más compleja. O al menos más complicada sus relaciones con los intereses… empresariales.

Hemos mencionado a la OMS, al IARC, que es una institución dependiente de la OMS (diríamos una de sus reparticiones); hemos mencionado a ILSI y a CropLife que no son sino pantallas empresariales, naves de campaña de empresas que optan por no presentar sus intereses a través de propaganda sino escondiendo sus intereses a través de sedicentes “organizaciones sin fines de lucro”.

Como dice la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), “A través de un ejército de ejecutivos de la industria, profesionales de relaciones públicas y científicos de algunas universidades públicas, la empresa despliega su trabajo contra el IARC y sus resultados sobre el glifosato”. (Revista Biodiversidad, nro. 89, julio 2016). La empresa es Monsanto, faltaba más.

Así llegamos a una reunión en mayo de 2016 de JMPR en que le vuelve al alma al cuerpo a Monsanto y demás cultores de la transgenetización de los campos.

Porque la JMPR declara: “Es poco probable que haya riesgo de que el glifosato sea carcinógeno para los seres humanos, en una exposición a través de la dieta”.

Pero ¿qué es JMPR? Es la sigla de Joint Meeting FAO-WHO of Pesticide Residues (Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas).

Como reza su folletería en internet: “La JMPR desempeña funciones de asesoramiento científico para establecer los límites máximos para residuos que pudieran producirse como resultado de la utilización de los plaguicidas”.

Y abunda: Examina los datos toxicológicos y conexos. Estima las ingestas diarias admisibles (IDA) de plaguicidas para las personas.”Aquí estamos entrando a un terreno resbaladizo. Cuando se hace “de necesidad virtud”. Los laboratorios no sólo emplean, y abundantemente, tóxicos para ofrecernos alimentos sino que nos quieren hacer creer que eso es saludable.

Solo así se explica el término “admisible”. Ingesta diaria resultado de una determinada forma de producir alimentos, que puede ser discutible, que si fuere necesaria habría que reconocer que es tóxica pero que mediante Public Relations nos quieren hacer creer que es admisible.

Esta comisión JMPR asesora a la FAO, a la OMS y a sus estados miembros. Ahora empezamos a entender porqué costó tanto tiempo referirse a la toxicidad del glifosato.

Tal vez lo más significativo esté en cómo se integra la JMPR.

Dice su folletería oficial en internet: “Selección de los miembros. Los expertos desempeñan sus funciones a título personal, y no como representantes de su país u organización. ”En una palabra, no responden sino a su interés personal, que es seguramente muy, pero muy bien atendido por laboratorios que ganan miles de millones de dólares anuales. Constituido entonces por una casta de profesionales cooptados.

Y observe el lector cuáles son las funciones que la misma JMPR presenta como propias; “Establece las IDA y las dosis agudas de referencia tomando como base los datos toxicológicos y la información conexa disponible;

Recomienda límites máximos para residuos de plaguicidas […]”.

Cuando declaran que “es poco probable que haya riesgo… en una exposición a través de una dieta” ignoran a los que trabajan con dicha sustancia, ignoran a los miles de campesinos que se han suicidado (especialmente en India) con menos de un vaso de glifosato. Está claro: se trata de una comisión organizada desde el mundo empresario, con profesionales adictos, pero investida de autoridad a través de las redes de la ONU como para que se presenten como “ciencia” y se dedica a calibrar cuanto veneno, cuántos tóxicos podemos ingerir… sin caer fulminados tan de inmediato como para que se rastree fácilmente la causa.


viernes, 9 de septiembre de 2016

Comunicado de prensa: LOS ELECTROSENSIBLES VALORAN POSITIVAMENTE EL RECONOCIMIENTO DE LA ELECTROSENSIBILIDAD POR TRIBUNALES ESPAÑOLES Y DENUNCIAN EL TRATAMIENTO INFORMATIVO EN ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN


La información científica demuestra que la electrosensibilidad es una alteración orgánica por exposición a campos electromagnéticos

Es necesario debatir abiertamente sobre los problemas de salud relacionados con la contaminación electromagnética

Ante la reciente noticia sobre la sentencia que concede el reconocimiento de incapacidad permanente total por síndrome de Electrosensibilidad por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a un ingeniero de Telecomunicaciones.

Desde la asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS) consideramos como un avance los fallos judiciales que reflejan y recogen la realidad de las personas que padecen este síndrome de intolerancia a Campos Electromagnéticos No ionizantes de origen artificial. Valoramos y respetamos el veredicto de los jueces que toman sus decisiones basándose en las pruebas presentadas y apoyados en valoraciones de médicos y expertos en la materia.

La Sensibilidad Química Múltiple y la electrosensibilidad son problemas de salud asociados al progreso y los factores ambientales. La Sensibilidad Química consiste en una pérdida de tolerancia a sustancias químicas de uso habitual, principalmente sintéticas y en general con algún grado de carga tóxica. En el caso de la electrosensibilidad es la exposición a los campos electromagnéticos la desencadenante de los síntomas. A pesar de una cobertura sanitaria aún deficiente, la Sensibilidad Química cuenta con el reconocimiento en varios países como España. Sin embargo la falta de reconocimiento oficial de la electrosensibilidad supone una dificultad añadida para los afectados que chocan con la incomprensión del entorno y con la ausencia de asistencia por parte de las instituciones públicas y sanitarias. Algunas de estas personas, incapacitadas para trabajar pero a las que se les deniegan las ayudas no tienen más remedio que acudir a la justicia para hacer valer sus derechos. Es cuando se producen sentencias favorables para estos afectados que los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. Hace unos meses en Francia se produjo una sentencia favorable para Marine Richard, afectada de electrosensibilidad, y ahora hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Ricardo de Francisco, un ingeniero de telecomunicaciones afectado de electrosensibilidad, en su demanda contra el INSALUD por el reconocimiento de su Incapacidad laboral. A raíz de estos hechos han aparecido en algunos medios de comunicación ciertos artículos e informaciones que como Asociación de personas afectadas por sensibilidades química y electromagnética queremos puntualizar:

Aunque somos conscientes de que la existencia de la electrosensibilidad viene a poner en duda la seguridad de la telefonía móvil, un negocio que mueve en el mundo dos billones de dólares al año, no deja de causarnos sorpresa y estupor el tratamiento tendencioso que, desde un supuesto punto de vista científico, se ha dado a la noticia en algunos medios de comunicación. Medios que presumen de realizar un periodismo de calidad publican artículos en los que se niega la existencia de la hipersensibilidad electromagnética y se desacredita a las personas que la padecen, omitiendo la base científica que la avala y dificultando las medidas a tomar para su adecuado tratamiento.

Nos hemos encontrado con titulares como “La electrosensibilidad usada por un tribunal para dar una incapacidad no existe según los científicos” o “Sanidad culpa a las ondas electromagnéticas de una enfermedad que no causan” y con afirmaciones como: “la electrosensibilidad es una trastorno psicológico”. Este tipo de informaciones suponen un perjuicio para un colectivo de personas enfermas que están luchando por mejorar su salud, conseguir reconocimiento y ayudas para su supervivencia y que precisan de la comprensión de su entorno para alcanzar las adaptaciones necesarias a su condición de discapacidad.

Llama la atención que este tipo de artículos periodísticos sistemáticamente elude ofrecer el punto de vista de los médicos e instituciones que reconocen este síndrome y que están alertando del problema de salud que representa la contaminación electromagnética.

Queremos dejar claro que los principales expertos que tratan e investigan este síndrome descartan cualquier origen psicosomático y que hay suficiente información científica que demuestra que la electrosensibilidad es una alteración orgánica en respuesta a los campos electromagnéticos. Los médicos que tratan habitualmente a personas EHS de forma sistemática y con los protocolos adecuados ven como los pacientes mejoran cuando consiguen vivir en un entorno con niveles muy bajos de contaminación. También hemos observado como algunos médicos que se dedican a opinar sobre este tema no han tratado a personas con electrohipersensibilidad y algunos incluso no se dedican a la práctica clínica.

Actualmente hay decenas de miles de investigaciones que encuentran efectos biológicos en los niveles de exposición a los que estamos expuestos en la actualidad. Cientos de investigadores de todo el mundo expertos en bioelectromagnetismo alertan de posibles riesgos. Omitir esta información además de no consultar o mencionar el punto de vista de la fuente principal de la noticia (los afectados) son indicadores de gran parcialidad periodística.

Desconocemos los motivos porque estos periodistas actúan con este sesgo. En el mejor de los casos pudiera ser que por ignorancia utilicen fuentes ya sesgadas. Lo cierto es que objetivamente este conjunto de deficiencias es signo de una mala práctica profesional.

Sabemos que la situación seguirá siendo complicada para las personas afectadas por electrosensibilidad. Un porcentaje elevado de las investigaciones científicas están financiados por la industria de telefonía móvil y los resultados de estas investigaciones coinciden con sus intereses. Algunas instituciones internacionales de referencia están en el punto de mira por denuncias de conflictos de interés, al estar sus decisiones muy mediatizadas por la industria. Los gobiernos son reacios a aplicar medidas de precaución que pudieran suponer un freno a la actual y rápida expansión de las tecnologías inalámbricas, así como a aumentar el gasto socio-sanitario en nuevas enfermedades. Los grandes medios de comunicación no parecen interesados en debatir sobre las implicaciones para la salud de las nuevas tecnologías inalámbricas. Sin embargo el problema va a requerir nuestra atención: cada vez son más las personas que se dirigen a nuestra asociación para buscar información que les ayude a manejar adecuadamente este síndrome/discapacidad. 

Especialmente preocupante nos resulta el aumento de casos en menores. Por todo esto desde aquí felicitamos a los medios de comunicación que tratan este tema con ecuanimidad y rigor periodísticos en aras al derecho de información.

Creemos que la sociedad tiene que tener acceso a toda la información científica disponible sobre los riesgos de la exposición crónica que padecemos en la actualidad para poder realizar un consumo consciente y trazar las políticas más convenientes en salud pública.

Afortunadamente existen investigadores independientes, y jueces dispuestos a reconocer sus derechos a trabajadores y trabajadoras damnificados por la otra cara de este progreso, un tipo de contaminación que no se ve pero que tiene demostrados efectos en la salud.

EQSDS. Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud.


sábado, 13 de agosto de 2016

Químicos en nuestros cuerpos: la amenaza silenciosa de los tiempos modernos

Los productos químicos industriales lanzados en el ambiente entran subrepticiamente en la 
cadena de alimento. (Romeo Gacad/AFP/Imágenes Getty)  
El trigo es, por mucho, la planta más cultivada en el mundo y de hecho es la base de la civilización occidental, además de que ha sido cultivada por más de 7,000 años en todos los continentes, a excepción de la Antártida. Es probable que en cien años o algo así, la gente mire el período desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el inicio del siglo XXI y sacuda sus cabezas con incredulidad por la manera en que contaminamos nuestro medio ambiente y la cadena alimenticia con una cantidad creciente de productos químicos.

En el futuro se preguntarán cómo nos permitimos seguir ese camino cuando existía la evidencia de que los productos químicos a los cuales nos expusieron no eran inofensivos sino que podrían potencialmente aumentar nuestro riesgo de enfermedades.

También se cuestionarán sobre nuestra ingenuidad al no esperar ninguna consecuencia del tratamiento de nuestra agua potable con productos químicos que producen sustancias potencialmente cancerígenas, sumado a las otras sustancias con propiedades que agreden el sistema endócrino y a los materiales usados para empaquetar nuestros alimentos, nuestra ingenuidad al fertilizar nuestras cosechas con fertilizantes que se saben contienen sustancias con el potencial de causar daño, al rociar nuestras cosechas con pesticidas con efectos dañinos sobre la función del cerebro y al no comprender que los productos químicos industriales lanzados en el ambiente pueden -y de hecho, entran- en la cadena alimenticia. No hay dudas de que muchos contaminantes químicos están presentes en nuestros alimentos.

En el futuro se preguntarán cómo nos permitimos seguir ese camino cuando existía la evidencia de que los productos químicos a los cuales nos expusieron no eran inofensivos sino que podrían potencialmente aumentar nuestro riesgo de enfermedades  
  
Hasta los gobiernos dan fe de esto. Tales son los casos de Australia (a través de Food Standards Australia, uno de sus entes reguladores) y Nueva Zelanda, que reportaron la presencia de una gran variedad de insecticidas, fungicidas y metales pesados contaminantes como el mercurio, plomo y arsénico en los alimentos.

Incluso han aconsejado a las mujeres embarazadas y a mujeres que intentan quedar embarazadas que no coman las grandes cantidades de los pescados más grandes, como los peces espada, debido al contenido de mercurio.

Se han realizado muchos informes en reconocidas revistas científicas y/o médicas acerca de los plásticos utilizados en el empaquetado de los alimentos, y sobre productos químicos industriales como PBCs y retardantes (substancias que limitan la rapidez de las reacciones químicas) que terminan en nuestra comida.

Por supuesto, hay también una gran variedad de otros productos químicos como los aditivos alimenticios, agregados deliberadamente a nuestros alimentos. Podemos pretender que el hecho de que estas cosas estén en nuestro alimento no significa que están también en nuestros cuerpos, pero hay demasiados otros informes que demuestran muy claramente la presencia de agentes contaminantes en diversas partes de nuestros cuerpos incluyendo la sangre, grasas corporales y el pelo. Sabemos que esa contaminación de nuestra comida con cantidades superiores a las normales de residuos industriales como el mercurio y los PBCs, y fármacos promotores del crecimiento del ganado, como el clenbuterol, han causado enfermedades en el pasado.

Algunos aditivos alimenticios son dañinos para algunas personas, y que las grasas transformadas por el proceso de aceites para hacer la margarina pudieron también haber contribuido a la enfermedad cardíaca en algunas personas. Lo que no sabemos es si las cantidades minúsculas de pesticidas, plastificantes, subproductos de la desinfección del agua con cloro y de otros productos del proceso alimenticio también han aumentado nuestro riesgo de enfermedades, pero hay indicadores de que esto también es posible. Hay recomendaciones en relación a que los efectos de cantidades minúsculas de sustancias individuales se pueden amplificar por sinergia, donde dos o más sustancias trabajan juntas con mucha más eficacia de que lo harían individualmente.

También sabemos que alguna gente, debido a su genética, enfermedad preexistente, edad o estilo de vida, puede ser más susceptible, pero no podemos predecir con algún grado de certeza quiénes son. La única cosa que podemos hacer es reducir nuestra exposición a estos contaminantes tanto como nos sea posible. Podemos también instar a los gobiernos a hacer algo sobre «la amenaza silenciosa» que todos enfrentamos.

El profesor Alfred Poulos es profesor asociado de la Universidad de Adelaide y Director de Biolipids Pty Ltd.

jueves, 4 de agosto de 2016

Monsanto declara la guerra al Ayuntamiento de Zaragoza: “Están politizando el glifosato”

  • La mayor multinacional del mundo en semillas transgénicas ha enviado una carta al Ayuntamiento de Zaragoza tras prohibir este el uso del glifosato en parques y zonas verdes
  • En la misiva, a la que ha tenido acceso eldiario.es, lamentan la “politización que se está haciendo en relación al glifosato, abandonando los criterios científicos”
  • Desde el Consistorio les han respondido recordando el “siniestro currículum de Monsanto, productora, entre otros, del agente naranja usado en Vietnam que causó cáncer a miles de personas”
Óscar F. Civieta 03/08/2016
Sede de Monsanto en Enkhuizen (Holanda).
El pasado 1 de agosto entró en vigor el decreto firmado por el consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, que prohíbe el uso del glifosato en parques y zonas verdes de la ciudad. El principal argumento sobre el que asentaron la decisión fue la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales y pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”.

La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, señaló que debía "primar el cuidado de la salud y del medio ambiente respecto a los intereses de las multinacionales, en este caso, Monsanto”. Esa referencia, además de la prohibición en sí, es la que parece haber impelido la reacción inmediata. Monsanto es, según datos de Greenpeace, “la empresa transnacional que controla alrededor de 90 % del mercado mundial de semillas transgénicas”. Y la decisión del Consistorio zaragozana no les ha sentado nada bien.

El pasado 19 de julio enviaron una carta al Ayuntamiento de la capital aragonesa, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que critican la decisión y lamentan “la politización que se está haciendo del uso del glifosato, abandonando los criterios basados en el conocimiento científico, y que deben ser los únicos que dirijan la toma de decisiones en cuanto al uso de productos fitosanitarios”.

En la misiva, firmada por Carlos Vicente Alberto, director de Sostenibilidad de Monsanto para Europa y Oriente Medio, apuntan que el glifosato ha permitido a agricultores, jardineros, profesionales y usuarios domésticos controlar las malas hierbas (…) de forma rentable y sostenible durante más de 40 años”. Señalan, por añadidura, que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) determinó, en noviembre de 2015, que es “poco probable que el glifosato suponga un riesgo carcinogénico para los humanos”. Además, aducen que otras cinco agencias reguladoras llegaron a la misma conclusión.

Indican también que asociar el uso de este producto “al cuidado del medio ambiente y la salud, solo puede crear alarma y confusión a los ciudadanos”. Continúan explicando que en Monsanto más de 20.000 trabajadores de todo el mundo dedican sus "esfuerzos al desarrollo de soluciones tecnológicas para ayudar a alimentar a una población en crecimiento, optimizando de manera eficiente el uso de recursos tan importantes como el agua, el suelo o la energía”. Finiquitan la carta explicando la labor de la empresa e invitando al consejero Cubero a reunirse con ellos.

“Su siniestro currículum hace escasamente creíble la información que nos transmite”

La respuesta no se ha hecho esperar. Partió del Consistorio zaragozano el pasado 29 de julio. En ella repiten los argumentos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la OMS, señalando que se fían mucho más de este informe que de los mencionados por Monsanto.

Recuerdan diversos casos en los que “la justicia ha vinculado el uso de herbicidas químicos con graves afecciones a la salud humana": el del campesino francés Paul François, que ganó la batalla judicial contra Monsanto; o el de las Madres de Ituzaingó, que lograron demostrar el vínculo entre el número creciente de enfermos de cáncer y niños con malformaciones y los agroquímicos aplicados en las plantaciones de soja, entre ellos, explican, el glifosato de Roudup Ready de Monsanto.

En la réplica hacen referencia al “siniestro currículum” de la multinacional, que provoca que la información que se les transmite "sea escasamente creíble”. Listan varios casos en los que está implicada citando como fuente a Greenpeace: “Monsanto fue la productora y comercializadora del agente naranja usado en la guerra de Vietnam responsable de generar cáncer a miles de persona y que hoy está prohibido; produjo y comercializó el DDT y los PCB o askareles, químicos causantes de graves daños a las salud humana y al ambiente, ambos están hoy prohibidos; fue condenada, en Estados Unidos en 2010, a pagar 2,5 millones de dólares por más de 1.700 violaciones a normas de bioseguridad; y, en Francia en 2006, también fue condenada por publicidad engañosa sobre las falsas propiedades ecológicas del herbicida Round Up”.

Además, señalan que la multinacional fue condenada a pagar a 1,5 millones de euros por sobornar a las autoridades de Indonesia para introducir algodón transgénico en el país. El Consistorio aprovecha este punto para señalar que, además de luchar por la sostenibilidad ambiental y alimentaria, “el Gobierno de Zaragoza también tiene la lucha contra la corrupción como una de sus prioridades políticas”.

Con esta respuesta, termina la misiva, “entenderá que no aceptemos su oferta de mantener una reunión con usted”.

sábado, 30 de julio de 2016

El 95% de los inmuebles españoles requiere medidas para mejorar su eficiencia energética

  • La instalación masiva de contadores inteligentes desata la polémica entre asociaciones vecinales, que piden su paralización
La gran dificultad para ahorrar energía en el hogar radica en que los edificios son ineficientes. Por eso, un cambio de hábitos o la renovación de equipos electrodomésticos no siempre basta para reducir de manera significativa el consumo. El 95% de los edificios residenciales y de servicios existentes tienen una certificación energética por debajo del nivel C, lo que significa que deben incorporar medidas para mejorar su eficiencia, según datos del Ministerio de Industria. Las nuevas certificaciones energéticas de los edificios son obligatorias desde el 2013, y establecen una escala de la A a la G, de mayor a menor eficiencia. Los últimos datos en Catalunya (con edificios certificados a partir del 2014) indican que el 20% tienen categoría A o B, informa el Institut Català d’Energia.


“Tenemos un parque derrochador de energía. Los edificios se han hecho sin contar con sus costes energéticos”, dice Javier García Breva, experto en energía. García Breva destaca que el 50% del ahorro potencial se da en los elementos envolventes de la casas (puertas y ventanas, elementos de protección y aislantes…), mientras que otro 20% se puede conseguir con un buen uso de los equipos y un cambio de hábitos (cerrar luces, manejo del agua caliente, termostatos, stand by…).

“Estas son medidas de coste cero”, destaca. Otros ahorros complementarios se pueden lograr con dispositivos inteligentes (sensores y aplicaciones para supervisar los consumos de casa) y soluciones adicionales (radiadores de bajo consumo, calderas y luces de bajo consumo…).

Directiva comunitaria

Los expertos piden al gobierno que cumpla la directiva de la UE de eficiencia energética del 2010, cuya finalidad es lograr edificios de consumo energético casi nulo y capaces de generar electricidad in situ con fuentes renovables –su entrada en vigor es a partir del 2018 para los edificios públicos y a partir del 2020 para los nuevos edificios y las rehabilitaciones–.

Barreras al ahorro

También piden eliminar las barreras que impiden el ahorro de energía. La subida de la luz del 2013 elevó un 100% el término fijo de potencia en el recibo de la luz. “Se paga más por la potencia contratada que por la energía que realmente se consume, todo lo cual desincentiva el ahorro”, añade García Breva. Al subir la parte fija del término de potencia, la capacidad del usuario de incidir en el ahorro con su comportamiento es mucho menor. “¿Por qué tomar medidas para ahorrar electricidad si al final me siguen cobrando el término fijo de potencia a un precio caro?” es el razonamiento que se instala en el usuario.

Autoconsumo, asignatura pendiente

García Breva reclama anular las medidas que impiden el despegue del autoconsumo con energía fotovoltaica (incluido el ‘impuesto al sol’ para ciertas instalaciones) y que los contadores inteligentes sean un instrumento útil para los consumidores, que le ayuden a saber dónde se gasta la energía y cómo puede evitarlo, ya que “ahora, sólo son un instrumentos al servicio de las compañías eléctricas”.

Paralizar la instalación de contadores

Mientras tanto, la instalación de contadores telegestionables está resultando polémica entre los movimientos sociales y asociaciones vecinales que piden a la Generalitat y al Gobierno que paralicen el despliegue, al juzgar que el proceso actual no beneficia a los consumidores y no les ayuda a ahorrar energía, entre otras críticas; incluso apuntan que no están demostrada que no puedan causar daños en la salud.

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) y la Plataforma Stop contadores Telegestionables han animado a los ayuntamientos catalanes a seguir el ejemplo del de Barcelona, que aprobó en un pleno el pasado viernes la paralización de la instalación a propuesta de la CUP, con la única oposición de Ciudadanos, que apuntaba la falta de pruebas científicas que constaten este supuesto perjuicio en la salud (radiación electromagnética).

Los partidos que votaron a favor de la paralización se mostraron a favor de instalar contadores inteligentes pero también señalaron el riesgo del uso indiscriminado de la información que éstos proporcionan a las comercializadoras eléctricas. “Este despliegue de contadores inteligentes debe garantizar que no haya perjuicios ni desde el punto de vista de la salud ni desde el punto de vista de la privacidad, y ha de asegurar que se cumple la ley de protección de datos”, instó Eloi Badia, concejal de Agua y Energia de Barcelona en Comú. Asimismo, Daniel Mòdol (PSC) recordó que la directiva comunitaria “persigue que el contador refleje el coste diario de la electricidad” y que “la bajada de precios, con la entrada de las energías renovables, no está siendo apreciada por el consumidor”.

Las entidades reclaman el derecho de los vecinos a solicitar la restitución de los contadores hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa europea, la libre competencia, la interoperabilidad en la red eléctrica y la protección de datos.