sábado, 6 de mayo de 2017

España concentra el 95% de los cultivos transgénicos de Europa

Aragón, Catalunya y Extramadura son las comunidades en las que más se utiliza el maíz transgénico creado por Monsanto
Trabajador inspeccionando el crecimiento de un cultivo de maíz (shotbydave / Getty)  
JOAQUIM ELCACHO 06/05/2017

El 2016 se cultivaron en España 129.081 hectáreas con variedades vegetales transgénicas, en concreto, el maíz transgénico MON-810 creado por la multinacional Monsanto. Esta cifra representa un aumento del 19,8% respecto a la extensión cultivada con maíz transgénico en España en 2015, según el balance anual mundial elaborado por el Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (ISAAA, por sus siglas en inglés), una entidad sin ánimo que apoya el uso de cultivos biotecnológicos.

El informe anual de la ISAAA, por otra parte, deja en evidencia que España es el único país del continente europeo en el que los cultivos transgénicos han alcanzado una superficie agrícola relativamente significativa. De hecho, el año pasado prácticamente el 95% de los transgénicos de Europa tenían su origen en campos de nuestro país.
Evolución de los cultivos transgénicos en Europa, en hectáreas (ISAAA)  
Tras España, los únicos países europeos con transgénicos son Portugal (7.069 hectáreas en 2016), Eslovaquia (138 hectáreas) y la República Checa (75). Rumanía, Polonia y Alemania, que en años anteriores tenían pequeños cultivos transgénicos, no registraron ninguna extensión con esta variedad en 2016.

Los datos sobre cultivos transgénicos por comunidades autónomas muestran igualmente una gran concentración territorial. Del total de 129.081 hectáreas con transgénicos en España, 46.546 corresponden a Aragón, 41.567 son de campos de cultivo de Catalunya y 15.039 hectáreas de Extremadura; seguidos de Andalucia, Navarra y Castilla-La Mancha.
Superficie cultivas con maíz transgénico , por comunidades (ISAAA)
El informe del IASSS recuerda que en Europa, en la práctica, la normativa actual solo hace posible el cultivo de una variedad vegetal transgénica, el maíz MON-810 creado por la multinacional Mosanto para combatir las plagas del insecto conocido como taladro del maíz. Según esta entidad, si se autorizara la utilización de otras variedades transgénicas los agricultores europeos incrementarían el uso de este tipo de vegetales.

Problemas legales y oposición ecologista

Las exigencias legales impuestas por la Unión Europea y algunos de los países; así como las campañas de oposición lideradas por grupos ecologistas y el escaso apoyo social a este de cultivos explican el número reducido de variedades transgénicas autorizadas en Europa y el relativamente reducido peso de los cultivos del maíz transgénico (en relación con el conjunto de cultivos de variedades no transgénicas).

Frente a la escasa simpatía europea por los transgénicos, países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá o la India se han convertido en líderes mundial de este tipo de variedades.
El informe de la IASSS destaca que la superficie mundial cultivada con transgénicos alcanzó en 2016 la extensión total de 185,1 millones de hectáreas, algo superior a las 179,7 millones de hectáreas en 2015 y las 181,5 millones de hectáreas en 2014. “En 2016, un total de 26 países, entre los cuales se encontraban 19 países en desarrollo y 7 países industrializados, plantaron cultivos biotecnológicos [transgénicos]”, expone el resumen del informe de la IASSS.

La nota informativa difundida por la IASSS para presentar su informe anual acumula una larga lista de elogios hacia los cultivos transgénicos; una visión que contrasta con la de los grupos ecologistas, que reiteran año tras año que, en su opinión, los transgénicos son una amenaza para el medio ambiente y en conjunto no ayudan a la seguridad alimentaria mundial.
Científico y agricultor en un campo de cultivos transgénicos (Westend61 / Getty)  

sábado, 29 de abril de 2017

Alrededor de 21.000 canarios sufren sensibilidad química múltiple

JESSICA MORENO 29/04/2017
Carmen de la Rosa, presidenta de la Asociación de Sensibilidad Química. DA 
Desde el año 2014 se reconoce, por parte del Gobierno español, la sensibilidad química múltiple como una enfermedad. Se calcula que esta dolencia puede afectar a hasta 21.000 personas en Canarias, de las cuales entre 4.000 y 8.000 residen en Tenerife, según los índices de afección estipulados. Lo cierto es que, pese a la incidencia, el problema radica en que muchos de los afectados desconoce padecer esta patología y tampoco la tienen diagnosticada. Hace un año, afectados por esta enfermedad crearon la Asociación de Sensibilidad Química Múltiple, con el fin de visibilizar sus problemas y buscar soluciones para paliar, en la medida de lo posible, sus efectos, que son notados, especialmente, entre las mujeres.

Se trata de una dolencia ambiental crónica irreversible causada por la exposición y posterior sensibilización a sustancias químicas sintéticas que se encuentran presentes de forma cotidiana. La enfermedad afecta, sobre todo, al sistema nervioso central y a otros órganos. Entre los síntomas que aparecen se hallan problemas gastrointestinales, respiratorios, cardiacos, cutáneos y neurológicos, tras la exposición a estos químicos, tanto en espacios públicos como en sitios privados como el trabajo o el propio hogar. Así lo explicó a este medio Carmen de la Rosa, presidenta de la asociación, quien, además, impartió ayer una jornada sobre la patología. En la charla también participaron, analizando esta problemática, el jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital de La Candelaria, Pedro Laynez, y el arquitecto técnico Alejandro López.

De la Rosa señaló que uno de los principales problemas es que aún es difícil el diagnóstico de la enfermedad, por lo que, desde este colectivo, se reclama más formación para los profesionales, al igual que la implantación de un protocolo específico de atención, que incluye que a estas personas se les reserve un espacio en recintos sanitarios libre de estos tóxicos. Además, la asociación solicita áreas públicas libres de estos productos químicos, que se pueden encontrar, por ejemplo, en las fragancias o en los materiales utilizados, y que se destinen más fondos a la investigación para avanzar en su conocimiento. La presidenta del colectivo insistió en que esta dolencia está provocada por la elevada contaminación que se encuentra en el ambiente. “Cada persona tiene en su cuerpo hasta 700 productos tóxicos”, recalcó, a la par que señaló que hay quien desarrolla esta sensibilidad, mientras que otras personas pueden presentar otras patologías, como el cáncer.

jueves, 27 de abril de 2017

¿Están seguros de que los campos electromagnéticos no representan un riesgo para la salud?

Dada la inminencia de la tecnología 5G, la creciente tecnificación de la sociedad, y la controversia que ésta presenta a nivel científico y social, el CCARS, autoproclamados asesores del Gobierno, ha presentado un informe “sin consenso internacional que se apresura a garantizar y justificar la total inocuidad en la salud humana del gran despliegue tecnológico de wifis, antenas de telefonía móvil o móviles que se está acometiendo en todos los ámbitos”, sostiene la entidad de damnificados en un comunicado.

Para los electrosensibles, este informe desdeña advertencias como la llamada al Principio de Precaución, emitida en 2011 por la Asamblea Parlamentaria de Consejo de Europa en su Resolución 1815, que alerta sobre los efectos biológicos para la salud humana de los campos electromagnéticos, y en especial del peligro sobre la salud de los niños y los adolescentes de los dispositivos inalámbricos que emiten microondas (móviles, WiFi, etc.). Además, con este estudio el CCARS minimiza la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluyó en 2011 a las ondas electromagnéticas en el grupo 2B de la clasificación de elementos cancerígenos, así como la actualización del macroestudio Bioiniciative de 2012.

Especialmente reseñable en este contexto es el Llamamiento Científico Internacional del 11 de mayo de 2015, International EMF Scientist Appeal, que más de 200 científicos internacionales independientes y expertos en bioelectromagnetismo presentaron ante la ONU y la OMS para reclamar una legislación que proteja a la población internacional de los efectos de los campos electromagnéticos, amparándose en más de 2.000 estudios – cifra muy superior a los 350 que dice revisar el CCARS-. Este llamamiento aún vigente asegura que los campos electromagnéticos “afectan a los organismos vivos muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales”, y provocan un “aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, déficit en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos”.

Es evidente que el informe del CCARS no los han tenido en cuenta en sus conclusiones y reduce los efectos negativos a “mareos, vómitos y malestar general”, cuando los enfermos de electrohipersensibilidad presentan “una sintomatología más amplia y discapacitante, provocada por la exposición que según investigaciones apunta a la apertura de la barrera hematoencefálica y al riesgo de desarrollar enfermedades crónicas neurodegenerativas”, sostiene la asociación. Sin embargo, el documento del CCARS insiste en el efecto nocebo de los enfermos, “que la comunidad científica independiente ya no da por válido, al haber sido totalmente descartado ante la evidencia de respuestas fisiológicas objetivadas, lo que queda de manifiesto en la Declaración Científica Internacional de Bruselas sobre EHS y SQM de mayo de 2015.

Según el colectivo de afectados, “las técnicas de imagen médica y detección de marcadores biológicos en sangre proporcionan un método de diagnóstico más objetivo y estudian además la relación entre la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple, enfermedad provocada por los tóxicos ambientales presentes en aire, agua, alimentos etc. Estos marcadores biológicos, pueden consultarse en Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder.

A tenor de la asociación, “el negacionismo sobre la electrosensibilidad como afección real está generando en las personas damnificadas un nuevo tipo de exclusión que afecta la vulneración de derechos fundamentales además de la pérdida de la salud. Sin embargo, la realidad cotidiana de nuestra asociación es que cada vez nos llegan más personas afectadas y que éstas mejoran con un adecuado tratamiento”, asegura en su nota.

Cuando países europeos como Francia ya han tomado medidas con respecto a la electrohipersensibilidad y su prevención en los no afectados desde los hogares a las escuelas (con medidas como la sustitución del wifi por fibra óptica, el uso de cableado apantallado, la reducción del nivel general de emisiones y la creación de zonas blancas libres de ondas en espacios públicos como parques, jardines, bibliotecas y hospitales), “consideramos que negar la evidencia en pro de los conflictos de interés, no es el camino a seguir. Por eso denunciamos que el informe de CCARS puede poner en peligro la salud de la población al ningunear información científica rigurosa y múltiples estudios en marcha actuales sobre esta materia”, concluye la Asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud.

sábado, 22 de abril de 2017

Sentencia del Tribunal Monsanto: “Daños a la salud y el ambiente, crímenes de guerra y ecocidio”

El martes fue el veredicto del Tribunal Internacional Monsanto, que sesionó en octubre de 2016. La multinacional fue hallada culpable por daños a la salud y el ambiente, crímenes de guerra y ecocidio.

Del 14 al 16 de octubre de 2016, en el Instituto de Estudios Sociales (ISS) en La Haya, Países Bajos, cinco jueces de distintas partes del mundo escucharon a más de treinta testigos y expertos de los cinco continentes. El Tribunal Internacional Monsanto de La Haya, de carácter exclusivamente ético, se puso como objetivo sentar bases jurídicas que permitan avanzar en un verdadero proceso contra la polémica multinacional química y agroalimentaria. Para ello se ha basado en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos adoptados por la ONU en 2011.

Andrés Arnone Miércoles 19 de abril  
El veredicto del tribunal

El Tribunal concluyó que Monsanto se ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el derecho a la alimentación. Las actividades de la multinacional afectan la disponibilidad de alimentos para individuos y comunidades, e interfieren con la habilidad de los individuos y comunidades de alimentarse a sí mismos directamente o a elegir semillas no modificadas genéticamente. Además, las semillas genéticamente modificadas no siempre son costeables para los agricultores y amenazan a la biodiversidad. Las actividades y productos de Monsanto causan daño al suelo, agua y al ambiente en general. El Tribunal concluye que la soberanía alimentaria también es afectada y resalta los casos en los cuales la contaminación genética de los campos forzó a agricultores a pagar regalías a Monsanto o hasta abandonar sus cultivos no-OGM debido a esta contaminación. Efectivamente hay una infracción al derecho a la alimentación debido al mercadeo agresivo de los OGMs los cuales pueden forzar a los agricultores a comprar nuevas semillas cada año. El modelo agroindustrial dominante puede ser criticado aún más fuertemente debido a que otros modelos –como la agroecología– existen y respetan el derecho a la alimentación.

La actividad de la empresa también afecta de forma negativa el derecho a la libertad indispensable para la investigación científica recurriendo a la intimidación, desacreditación de investigación científica cuando se formulan preguntas serias sobre la protección del ambiente y salud pública.
Con respecto a la creación del Agente naranja, arma química usada por EEUU en Vietnam, que mataba toda vida vegetal y provoca malformaciones en animales y humanos hasta hoy en día, sería cómplice de crímenes de guerra por ecocidio, si la ley internacional tuviese esa figura: "Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas", advirtió el fallo.

Nuestras vidas valen más que sus ganancias

Desde comienzos del siglo XX, Monsanto ha comercializado productos altamente tóxicos que contaminan el medioambiente de manera permanente, y ha causado enfermedades y muertes a miles de personas en todo el mundo. Entre estos productos se encuentra el PCB, que forma parte de los doce contaminantes orgánicos persistentes (COP) y afectan la fertilidad humana y animal; el 2,4,5-T, uno de los componentes del Agente Naranja, que contiene dioxina y que fue utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, causando malformaciones congénitas y cáncer hasta hoy; el Lasso, un herbicida que ahora está prohibido en Europa; y el famoso Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo y elaborado en base a glifosato (reconocido por la IARC como potencialmente cancerígeno), que es el causante de uno de los mayores escándalos sanitario y medioambiental de la historia moderna. Este herbicida altamente tóxico, está asociado a los monocultivos transgénicos, principalmente soja, maíz y canola, destinados principalmente para la alimentación animal o para la producción de agrocombustibles.


El modelo agroindustrial promovido por Monsanto y otras empresas, además de ser responsables de enfermedades entre la población y extinción de especies, es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. También es en gran parte responsable del desgastamiento de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y la marginación de millones de pequeños agricultores.


En Argentina, aproximadamente 13 millones de habitantes de ciudades pequeñas y medianas están expuestos a estos agrotóxicos, con tasas de mortalidad por cáncer de hasta un 40%, más del doble que las áreas no expuestas.


Los Estados son cómplices

Ya el Ministro de Agroindustria es productor agropecuario y fue vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En este marco el 50% del suelo cultivable, 15 millones de hectáreas, le pertenece solo a un puñado de 2 mil grandes propietarios, arrendando también muchas otras, llegándose a utilizar este “paquete tecnológico” mortal sobre mas de 20 millones de hectáreas.

Según un informe presentado recientemente por la ONG Greenpeace “al menos treinta funcionarios tienen vínculos con el oligopolio de la industria química”. Esta rama estaría encabezada por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos.

La lucha contra la muerte generada por el agromodelo debe ser una lucha contra el Estado y las grandes empresas del sector que lo sostienen, y para llegar hasta el final solo se puede confiar en las propias fuerzas de los trabajadores y sectores populares, así como en la coordinación con otros colectivos en lucha, independientes de los políticos que compartan intereses con empresarios y corporaciones responsables de la muerte y enfermedad de millones.

miércoles, 19 de abril de 2017

El CCARS ningunea en su informe los miles de estudios científicos que constatan los riesgos de los campos electromagnéticos en la salud

La asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud llama a la prudencia y el rigor entre los agentes sociales y medios de comunicación a la hora de difundir un informe sin consenso internacional y con incongruencias demostrables
  • El negacionismo y la banalización de los estudios científicos solventes sobre esta materia muestran la urgencia desmesurada del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) por zanjar un tema que sigue acumulando evidencias científicas
  • Para allanar el camino a la tecnología 5G, el informe del CCARS desinforma a la población ante la preocupación generalizada por los efectos de esta tecnología
  • El informe de los telecos hace propaganda a favor de los intereses de la industria mostrando conflicto de interés 
Ante la presentación del nuevo informe del Comité Científico Asesor en R adiofrecuencias y Salud (CCARS), que tanta difusión mediática ha tenido en los últimos días, la asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (compuesta por afectados de electrohipersensibilidad y sensibilidad química) denuncia el enfoque tendencioso de este informe y el conflicto de interés de la organización privada CCARS, que depende del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. Dada la inminencia de la tecnología 5G, la creciente tecnificación de la sociedad y la controversia que ésta presenta a nivel científico y social, el CCARS, autoproclamado comité asesor del Gobierno, ha presentado un informe sin consenso internacional que se apresura a garantizar y justificar la total inocuidad en la salud humana del gran despliegue tecnológico de wifis, antenas de telefonía móvil y dispositivos móviles que se está acometiendo en todos los ámbitos

Este informe desdeña advertencias como la llamada al Principio de Precaución, emitida en 2011 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 1815, en la que se alerta sobre los efectos biológicos para la salud humana de los campos electromagnéticos, y en especial del peligro sobre la salud de los niños y los adolescentes de los dispositivos inalámbricos que emiten microondas (móviles, WiFi, etc.). También con este estudio el CCARS minimiza la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluyó en 2011 a las ondas electromagnéticas en el grupo 2B de la clasificación de elementos cancerígenos, así como la actualización del macroestudio Bioinitiative de 2012.

Especialmente reseñable es el Llamamiento Científico Internacional del 11 de mayo de 2015, International EMF Scientist Appeal, que más de 200 científicos internacionales independientes y expertos en bioelectromagnetismo presentaron ante la ONU y la OMS para reclamar una legislación que proteja a la población internacional de los efectos de los campos electromagnéticos, amparándose en más de 2000 estudios -cifra muy superior a los 350 que dice haber revisado el CCARS-. Este llamamiento aún vigente alerta de que los campos electromagnéticos “afectan a los organismos vivos muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales”, además del “aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, déficit en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos”.

Muy al contrario, el informe del CCARS no ha tenido en cuenta estas evidencias en sus conclusiones y minimiza todo ello como “mareos, vómitos y malestar general”, cuando los enfermos de electrohipersensibilidad padecen una sintomatología más amplia y discapacitante provocada por la exposición, que según investigaciones se debería a la apertura de la barrera hematoencefálica y conllevaría un riesgo adicional de desarrollar enfermedades crónicas neurodegenerativas. Sin embargo el informe del CCARS se sigue respaldando en el efecto nocebo, que la comunidad científica independiente ya no da por válido al haber sido totalmente descartado ante la evidencia de respuestas fisiológicas objetivadas, lo que queda de manifiesto en la Declaración Científica Internacional de Bruselas sobre EHS y SQM de mayo de 2015.

En su lugar, las técnicas de imagen médica y detección de marcadores biológicos en sangre proporcionan un método de diagnóstico más objetivo y estudian además la relación entre la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple, enfermedad provocada por los tóxicos ambientales presentes en aire, agua, alimentos etc. Estos marcadores biológicos pueden consultarse en Reliable diseasebiomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity andmultiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of aunique pathological disorder (Belpomme, Campagnac e Irigaray, 2015Review of Enviromental Health.

El negacionismo sobre la electrosensibilidad como afección orgánica está generando en las personas damnificadas un nuevo tipo de exclusión que supone una vulneración de sus derechos fundamentales, además de la pérdida de la salud. Sin embargo, la realidad cotidiana de nuestra asociación es que cada vez nos llegan más personas afectadas cuyos síntomas disminuyen cuando reducen su exposición.

Por tanto, cuando países europeos como Francia ya han tomado medidas con respecto a la aplicación del principio de precaución protegiendo principalmente a la infancia, prohibiendo el uso de wifi y tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles y con algunas iniciativas en marcha de reducir niveles de emisión en hospitales con sistemas inalámbricos no peligrosos (LIFI), consideramos que negar la evidencia en pro de los conflictos de interés no es el camino a seguir. Por eso denunciamos que el informe de CCARS puede poner en peligro la salud de la población al ningunear información científica rigurosa y múltiples estudios actuales sobre esta materia.


 http://electrosensiblesderechosalud.org/