Artículo
publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 16 de
abril de 2012
Este
artículo analiza los supuestos erróneos que guían el diseño del
presupuesto propuesto por el gobierno Rajoy, y que dañarán
extensamente tanto la eficiencia de la economía española como la
calidad de vida de las clases populares de España.
Juan
Torres, entre muchos otros economistas, ha señalado las enormes
contradicciones existentes entre las promesas hechas por el Partido
Popular, claramente descritas en su programa electoral y en los
discursos del candidato Rajoy durante la campaña electoral, y las
políticas llevadas a cabo por tal partido una vez en el gobierno.
Tales contradicciones no pueden atribuirse a un error de cálculo,
sino a una estrategia bien definida de realizar lo que estaban ya
preparados para imponer a la ciudadanía española, ocultándolo con
promesas que se han convertido en enormes falsedades. Nunca antes
durante el periodo democrático, un gobierno había roto con mayor
cinismo (y no hay otra manera de definirlo) las promesas realizadas
durante la campaña electoral.
Este comportamiento ha alcanzado cotas
hasta ahora desconocidas en la vida política de España durante el
periodo democrático. La supeditación de la vida pública del país
para satisfacer las necesidades partidistas del partido gobernante,
ha llegado a niveles desproporcionados, que ha tenido un impacto
opuesto al deseado. Retrasar, por ejemplo, la presentación del
presupuesto para el día después de las elecciones andaluzas y
asturianas, con el fin de ocultar las políticas sumamente
impopulares, subestimó dramáticamente la inteligencia de la
población española, y muy en especial de las clases populares,
hecho que, aún siendo generalizado entre las élites políticas y
mediáticas del país, alcanzó niveles democráticamente
intolerables para un gobierno. Este retraso en facilitar la
información tuvo predeciblemente el impacto opuesto al deseado por
el manipulador gobierno Rajoy. La población andaluza y la asturiana
se alarmaron al querer ocultárseles el presupuesto, pues muchos
concluyeron que sería un presupuesto malo para sus intereses y eso
afectó al comportamiento electoral de manera opuesta al deseado.
Tal retraso afectó también muy
negativamente a la imagen del gobierno, perdiendo credibilidad
internacional, causa, en gran parte, de que la prima de riesgo se
disparara ocasionando un problema grave en el pago de la deuda
pública española. Este periodo de silencio intentaba compensarlo
Rajoy con declaraciones (que suponía, erróneamente, que podrían
mantenerse confidenciales) a las élites de la Comisión Europea y
del BCE, en las que afirmaba que el programa de reformas sería muy
“agresivo” (término utilizado por el Ministro de Economía, el
Sr. Luis de Guindos) en contra de los trabajadores, y que le
“costaría una huelga general” (como indicó el presidente
Rajoy). Estas declaraciones querían tranquilizar a sus superiores,
diciéndoles que tuvieran confianza en él, que sería duro con las
clases populares. Era el caso extremo de lo que Noam Chomsky llama la
guerra de clases unilateral que se convirtió en bilateral a partir
de la huelga general (ver su prólogo en el libro Hay alternativas.
Propuestas para crear empleo y bienestar en España, de Navarro V.,
Torres, J. y Garzón A.). El gobierno Rajoy es, sin duda, el más
agresivo contra la España Social que haya existido en el periodo
democrático y sus propuestas presupuestarias tendrán un impacto
enormemente negativo para la gran mayoría de la población española.
Veamos los datos. El mensaje que el
presupuesto del gobierno transmite es que el gobierno Rajoy quiere
dar la imagen de que el mayor problema que tiene España es el
elevado déficit público, y que para resolverlo hay que recortar
dramáticamente el gasto público, incluyendo el gasto público
social (que ya es el más bajo de la Unión Europea de los Quince, el
grupo de países de la UE con un nivel de desarrollo económico
semejante al de España). Estos recortes, además de
desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso
componentes del gasto esenciales tanto para estimular la economía
como para resolver el enorme problema del desempleo, que es el mayor
problema económico y social que tiene España. Recortar el gasto en
infraestructura, I+D y educación, junto con el gasto en formación
profesional, es suicida. Y empleo este término con todo rigor, pues
tales medidas empeorarán dramáticamente las posibilidades de que la
economía se recupere y con ello baje el déficit. La experiencia
griega es el caso más claro del error de tales políticas. También
muestra una enorme insensibilidad social, recortando gastos en
sectores esenciales de ayuda a las familias españolas, como la
sanidad y los servicios de dependencia, sobrecargando con ello a las
familias (y en España, decir familia quiere decir mujer). Son unos
presupuestos antisociales, anti-familias y anti-mujer. Sus medidas
antisociales contribuirán al desempleo, pues destruyen empleo en los
escasamente desarrollados servicios públicos del Estado del
Bienestar (España tiene el porcentaje de la población adulta que
trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar más bajo
de la UE-15). Es un presupuesto hostil al subdesarrollado Estado del
Bienestar español, forzando a las Comunidades Autónomas (que
gestionan la mayoría de los servicios públicos y transferencias del
Estado del Bienestar) a unos recortes que no podrán absorber.
Pero la mayor incoherencia del
presupuesto aparece en el capítulo de ingresos. Es bien conocido que
hay tres maneras de reducir el déficit público. Una es estimulando
la economía, creciendo económicamente, lo cual este presupuesto no
conseguirá. Antes al contrario, este presupuesto aumentará más la
recesión. La otra manera es reduciendo el gasto público, que es la
vía escogida por este gobierno, medida que será contraproducente,
pues al eliminar elementos estimuladores de la economía
(consecuencia de la manera indiscriminada en que se han hecho tales
recortes), la reducción del déficit será muy limitada (sin excluir
su empeoramiento), como muestra claramente el caso griego. Y la
tercera manera es aumentando los ingresos al Estado mediante aumento
de los impuestos. Pues bien, en contra de lo que se ha publicado,
este presupuesto recorta los impuestos en lugar de aumentarlos.
Veamos. Las medidas impositivas del gobierno Rajoy se dividen en
medidas estructurales, es decir, medidas que durarán muchos años, y
medidas coyunturales, es decir, sólo por un par de años o poco más.
Ni que decir tiene que las intervenciones más importantes para
definir el déficit estructural son las intervenciones estructurales,
no las coyunturales. Pues bien, el gobierno Rajoy ha disminuido los
impuestos para las rentas superiores y medias, desgravando la compra
de la vivienda, y ha bajado las deducciones fiscales por gastos
financieros que favorece a las rentas superiores. Querer reducir el
déficit estructural y a la vez bajar los impuestos estructurales es
una contradicción y un enorme error.
La subida de impuestos del IRPF (que
grava sobre todo a las rentas del trabajo) acentúa todavía más la
dependencia de los ingresos del Estado de las rentas derivadas del
trabajo, con el agravante de que el nivel formal de gravación para
las rentas superiores es ficticio, resultado del impacto regresivo de
las múltiples deducciones y artimañas legales que quedan
permanentes. Y lo que alcanza niveles escandalosos es la política de
corrección del fraude fiscal, pues favorece su permanencia y
extensión, penalizando a los que no defraudaron a Hacienda y
exigiendo tributaciones a los que defraudan muy por debajo de las
exigidas al tributante promedio.
Es más, la mayoría del fraude fiscal
(72%) en España, según los técnicos de Hacienda, procede de las
grandes familias, así como de las grandes empresas que facturan más
de 150 millones de euros al año y de la banca. A partir de estas
medidas de “supuesta corrección del fraude fiscal”, tales grupos
serán favorecidos para pagar menos impuestos de lo que pagan la
mayoría de contribuyentes al fisco.
La evidencia acumulada es que el
presupuesto del gobierno Rajoy es un medio para conseguir los
objetivos políticos deseados, que consisten en debilitar al Estado
del Bienestar y diluir la protección social. Los objetivos fiscales
–la reducción del déficit- son imposibles de alcanzar con este
presupuesto, pues la única manera de reducirlo es creciendo
económicamente y creando empleo, incluso a base de hacer inversiones
destinadas explícitamente a crear empleo, lo cual ni siquiera se
considera en este presupuesto.
Una última observación. Soy
consciente de que algunos lectores pueden considerar exagerada mi
definición del presupuesto Rajoy como el más antisocial que haya
existido en España durante la democracia. Invito a tales lectores a
que miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en su análisis
“El disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy intenta
reducir el déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos
recortes, el gobierno central sólo contribuye en la mitad. La otra
mitad la tienen que realizar las CCAA (que como he indicado, son las
que gestionan los servicios y gran parte de las transferencias del
Estado del Bienestar), cuyo gasto es mayoritariamente social (un
60%). Sus exigencias a las CCAA sólo pueden atenderse con recortes
sustanciales de tal gasto que, sin ninguna duda, originarán el
debilitamiento del sector público, con el enriquecimiento del sector
privado, y muy en particular de los bancos y de las compañías de
seguros que han deseado el desmantelamiento del Estado del Bienestar
desde años. Lo dijo con toda claridad el Presidente del Banco
Central Europeo, el Sr. Mario Draghi, en una entrevista al Wall
Street Journal (24.02.12) cuando indicó que el Estado del Bienestar
europeo no era viable. Y puso como condición para comprar deuda
pública española que se privatizara el Estado del Bienestar, lo
cual el gobierno Rajoy está haciendo a pies juntillas. Así de
claro.
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Fuente: http://www.vnavarro.org/?p=7161
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