- Ahora se comprenden las presiones de
ciertos lobbies para que se reduzcan los controles de emisiones de
CO2
01/10/2015
Una multinacional ha admitido que ha
engañado a la agencia de Estados Unidos encargada de la protección
del medio ambiente. Da igual si además es la mayor constructora de
automóviles del mundo o si los 11 millones de vehículos sobre los
que ha cometido el fraude ascienden a la misma cifra de coches que EE
UU producen en un año. De fondo, tras el escándalo mediático, está
la impunidad con la que operan las corporaciones en el mercado. La
evidencia más clara de que quienes se encargan de generar la riqueza
-que debería desembocar en bienestar- se dedican a anteponer sus
beneficios delante de la salud humana y la protección del clima. Es
también el fin del argumento liberal establecido, por el cual, hacer
el bien para uno mismo sin que nadie intervenga en la economía es
positivo para todos.
¿Hacia dónde conducimos nuestra
sociedad si permitimos que los que la destruyen marquen las reglas de
juego? Buena parte de los desmanes que cometen a diario nuestras
empresas se pueden asociar sencillamente con el TTIP, porque ésta es
la más nueva de las herramientas para hacer que las corporaciones
sigan campando impunes a sus anchas.
La negociación del tratado de libre
comercio (es la palabra que usa el capitalismo para definir la
desigualdad) no es un fenómeno ad hoc que haya nacido de la nada. Es
obvio, pero hace falta decirlo. El TTIP es la rama que se extiende
aún más en un árbol cuyo tronco ha sido plantado, regado y
consolidado por el poder de las grandes empresas desde hace tiempo.
Para tratar de alejar esta crítica de
la demagogia habitual con la que se erigen las voces discordantes
contra el TTIP, cabe señalar que aún no hay nada escrito. Todo son
conjeturas y filtraciones. Por lo tanto, la única forma de desmontar
este Tratado Neoliberal es exponer hacia dónde nos ha llevado hasta
ahora el modelo que se quiere perpetuar.
Del fraude a la mesa de negociación
del TTIP
Qué duda cabe de que los intereses de
Volkswagen están bien representados en el TTIP. La Asociación
Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en
inglés), de la que VW forma parte, es una de las voces con más
autoridad en la mesa de negociación. De hecho, es la cuarta
asociación de lobby que más reuniones ha tenido con la Comisión
Europea para tratar aspectos relacionados con el tratado: 16. La
segunda, si excluimos a lobbies de carácter transnacional como
Business Europe o el Transatlantic Business Council, en cuyas filas
también se encuentra VW. Aquí ya se han expuesto algunas de las
normativas sobre emisiones de CO2 que Business Europe ha tratado de
bloquear, ahora sabemos que en beneficio de marcas como la alemana.
Volkswagen no es un caso aislado, a
pesar de que la ACEA tratara de negarlo en una nota de prensa de
septiembre. El lobby de la industria del automóvil forma parte de un
entramado mucho grande de sectores que presionan en favor del TTIP.
Como evidencian los datos del imprescindible Corporate Europe
Observatory, por cada 100 reuniones que la Comisión tuvo con lobbies
de la industria durante el 2014, sólo 10 se produjeron con grupos
que representan a la sociedad civil.
Es preocupante que la Comisión
Europea, encargada de negociar el TTIP con EE UU, pida consejo para
cerrar un Tratado que involucra a 800 millones de consumidores a los
representantes de las empresas que les venden coches de forma
fraudulenta.
En 2014, la ACEA pidió a Estados
Unidos y la Unión Europea “un acuerdo comprensible en relación al
TTIP”. En el diccionario empresarial, esto se resume en no “poner
más trabas” y hacer la vista gorda en emisiones de C02. La ACEA
trató de demostrar la equivalencia en el nivel de seguridad de los
vehículos a ambos lados del Atlántico. Algo que ya parecía difícil
tras el escándalo de General Motors por el que la marca
estadounidense tuvo que retirar del mercado 11 millones de coches
tras un fallo en sus sistemas de seguridad que provocó la muerte de
decenas de personas. Ahora, aún más.
El fraude de Volkswagen pone en jaque
las negociaciones del TTIP
Los argumentos de la industria
automovilística europea para defender el TTIP también carecen de
validez desde que Estados Unidos identificó el fraude de Volkswagen,
y no la Unión Europea. “Las normas de seguridad a ambos lados del
atlántico han demostrado con sus resultados ser equivalentes.
Por
ello debemos ser capaces de ponernos de acuerdo sobre el
reconocimiento mutuo y aspirar a la armonización”, decía la ACEA
a principios de año.
En realidad dicha afirmación no es
cierta. En la UE, la Comisión Europea establece las normas generales
de emisión y los fabricantes de automóviles, a continuación,
envían sus coches a un organismo de homologación nacional de su
elección. Una vez certificado , el coche puede ser enviado al
distribuidor y nunca se prueba de nuevo. En los EEUU, los coches son
sometidos a tres pruebas más estrictas.
Precisamente en el marco del TTIP, el
Pew Research Center hizo una encuesta sobre la posibilidad de
armonizar regulaciones. El resultado genera más división aún. Sólo
2% de los alemanes afirma confiar en los estándares ambientales
americanos y el 96% se opone también a las normas de seguridad de
sus coches.
Regulaciones ambientales a la baja
No sólo en lo que respecta a la
seguridad de los vehículos hay división, también en la
armonización de regulaciones ambientales que proponen Estados Unidos
y la Unión Europea en el marco del TTIP. La UE dice que no cederá y
que su posición en relación al clima es “ambiciosa”, pero el
país encabezado por Obama tiene otra idea de lo que significa esa
palabra.
Por ejemplo, en el marco de las
negociaciones sobre la conferencia mundial del clima que se celebrará
en París en noviembre, el choque entre la UE y EEUU es abrumador.
La Unión Europea se ha comprometido
para 2030 a reducir sus emisiones en un 40 por ciento en comparación
con los niveles de 1990. Además, quiere reflejar su ambición con un
acuerdo que sea jurídicamente vinculante. No obstante, EEUU no ha
podido prometer nada más que una reducción de sus emisiones en un
26 por ciento, pero en relación a los niveles de 2005, cuando sus
emisiones eran un 40% superiores a 1990.
Parte de legislación europea en
relación al clima, a Estados Unidos le parece una “barrera
comercial” que abolir; lo dijo en un informe de 2014.
La justicia no es igual para todos
El Departamento de Justicia de Estados
Unidos podría llevar a cabo una investigación criminal sobre
Volkswagen por su fraude. También Alemania y otros países estudian
abrir una investigación contra la marca. Los juicios, por supuesto,
se desarrollarían en cortes nacionales o europeas. Algo muy distinto
a lo que ocurriría si Volkswagen o cualquier otro inversor decidiera
demandar a un Estado a través del mecanismo de ISDS que quiere
incluir el TTIP.
El ISDS, por muchos cambios de nombre
que haga la Comisión, plantea tribunales de arbitraje
internacionales paralelos a los juzgados nacionales o europeos. Se
trata de dotar a las corporaciones de mayores ventajas a la hora de
reclamar daños sobre sus inversiones que a los ciudadanos a la hora
de denunciar, por ejemplo, el escándalo de Volkswagen.
¿Hay algún tribunal específico que
permita a los ciudadanos afectados por el fraude de VW demandar a la
compañía en una instancia judicial privada sin posibilidad de
recurso y sin hacer público el proceso judicial? No, en cambio, una
compañía que esquiva los controles medioambientales en 11 millones
de vehículos diésel de todo el mundo, si podría utilizar el
arbitraje privado para demandar a un Estado si cree que ha legislado
en contra de sus beneficios.
El escándalo de Volkswagen, como
señalaba el portavoz de los verdes Florent Marcellesi, muestra que
las corporaciones no dudan en saltarse la ley si es necesario. La
salud de los ciudadanos y la protección del medio ambiente no puede
ser una barrera comercial que abolir.
Bahías de Huatulco, Oaxaca, 5 de
octubre. La exposición a productos químicos tóxicos en los
alimentos, el agua y el aire está directamente relacionada con
millones de muertes y cuesta miles de millones de dólares anuales,
según revela un estudio en el que participaron científicos
internacionales y expertos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
